El reinicio de las obras del proyecto Majes Siguas II, no tiene plazo previsto. La semana pasada y después de varias semanas de retraso, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), levantó las observaciones que ProInversión hizo a la adenda 13. Esta contempla el incremento en US$ 104 millones de la obra agroenergética, producto de la mordenización del sistema de riego.
Su aprobación final depende del ok del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría y el Consejo Regional de Arequipa.
Bajo ese escenario, el ex gerente General de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Fernando Vargas, señala que el plazo más optimista para retomar obras –si el GRA no debe hacer más subsanaciones- es a partir de junio.
Isaac Martínez, también ex directivo de esta institución, es menos entusiasta. A su criterio, el humo blanco podría verse probablemente en el último trimestre o a finales de año.
Martínez es cauto. Advierte que el filtro más duro de pasar para la aprobación de la adenda, será probablemente la Contraloría de la República. Recordó que en una primera ocasión, el ente cuestionó los argumentos para el cambio tecnológico, que supone cambiar el sistema de riego de canales abiertos por tuberías. “El cambió solo estaba sujeto a nuevas circunstancias y en la práctica no las hay”, remarca.
Más aspectos
Ambos especialistas coinciden que además de la adenda 13, hay aspectos administrativos, técnicos y legales que resolver y que impedirían el reinicio inmediato de las obras.
Vargas, recuerda que queda pendiente la elaboración del expediente final para la distribución de redes en las pampas de Siguas, documento a cargo de la concesionaria española. Además, señala que esta debe garantizar el cierre financiero del proyecto, es decir aseagurar los recursos para la inversión. El plazo, una vez se reactive el contrato es de 6 meses.
Martínez enfatiza en otros temas, no previstos a la fecha. El primero, el sobrecosto por la paralización de obras que deviene en maquinaria varada en el campamento desde diciembre de 2017. “El gobierno regional deberá asumir ese pasivo. La empresa puede poner como condición para retomar la obra que se le pague antes”, comenta.
El ex funcionario, no descarta que se deslice la posibilidad de actualizar los costos considerando que han pasado 11 años desde la firma del contrato. La última actualización se hizo con la gobernadora Yamila Osorio. Con la adenda 13, la obra costará US$ 655 millones.
Vargas, descarta ello, señala que un posible sobrecosto está considerado en la adenda. No obstante, aclara, que habría que considerar los intereses del préstamo que hará la Corporación Andina de Fomento (CAF) para los US$ 104 millones, pero que a su criterio “será mínimo”.
Resolución del contrato
Martínez recuerda que el 29 de setiembre de 2020, la Concesionaria inició la resolución de contrato por los retrasos del proyecto. Para el especialista, este sigue en marcha. “Dependerá del avance de la aprobación de la adenda para que las partes lleguen otra vez a un acuerdo”, señala.
Fuente La República
