Más de 5.000 comedores en todo el Perú han retomado la atención a puertas cerradas, después que el Ejecutivo proporcionara medidas para proteger del contagio de la COVID-19 a las socias a cargo de este servicio alimentario, así como a sus usuarias y usuarios durante el Estado de Emergencia Nacional.

Se espera que la apertura de estos establecimientos continúe de forma progresiva, y esto dependerá de la adecuada distribución de alimentos y kits de limpieza, desinfección y seguridad a las socias de cada comedor. Estas entregas estarán a cargo de las municipalidades distritales en Lima y provinciales en regiones.

Cabe resaltar que esto permitiría que al cierre de julio, 10.000 comedores en todo el país se encuentren operativos, ya que a la fecha, 82 municipalidades tienen contrato suscrito para la compra de alimentos, otras 92 están en proceso de adquisición y 56 aún tienen pendiente la convocatoria a proveedores.

Por otro lado, en cuanto al reparto de los kits sanitarios, 88 municipios ya cumplieron con su entrega, 40 están en proceso de distribución, 90 están en proceso de adquisición y 12 todavía están en estudio de mercado.

En esta línea, las municipalidades que reciben estos recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son aquellas que ejecutan el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), cuya cobertura actual es de 13,664 comedores en el ámbito nacioanl. Esta entidad también está a cargo de la supervisión del funcionamiento.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto la aplicación de pruebas de descarte de la COVID-19 a las socias de cada comedor del PCA, tarea que viene realizándose progresivamente, a través de las Direcciones Regionales de Salud y Gerencias Regionales de Salud, instancias que ya cuentan con los insumos necesarios.

Las socias de los comedores son las aliadas estratégicas del Estado en la lucha contra la pandemia al cuidar que los alimentos lleguen a quienes lo necesitan: más de 600.000 personas en todo el país, en las condiciones que la situación actual lo demanda.

Fuente La República

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