Pagos sin justificación, adquisición de terrenos sin respetar la normativa, negligencia para almacenamiento y conservación de alimentos, ampliaciones de obras, incremento de costos, entre otras irregularidades cometidas por representantes de 19 entidades públicas de la región La Libertad han originado un perjuicio económico de S/6’187,427.01 al Estado. Esto, durante el año 2019.

Así lo ha informado la Contraloría General de la República, después de haber ejecutado 29 servicios de control posterior, tales como son las auditorías de cumplimiento y los controles específicos, en los gobiernos locales de la región La Libertad.

El trabajo consistió en la revisión y análisis de documentos correspondientes a bienes y recursos públicos que ya han culminado con su ejecución.

RESPONSABILIDADES

Es importante mencionar que estos informes han permitido determinar la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 224 funcionarios y exfuncionarios que habrían incurrido en actos irregulares.

Según el órgano de control, estos servidores no imprimieron la exigencia hacia los contratistas para el cumplimiento total de profesionales propuestos en su oferta, no se ajustaron a los términos de referencia; además de no aplicar las penalidades correspondientes, entre otros hechos controversiales.

¿DE DÓNDE SON?

Las entidades sometidas a las auditorías de cumplimiento y control específico fueron: Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), además de las comunas provinciales de Gran Chimú, Ascope, Pacasmayo, Virú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.

También están comprendidas las municipalidades distritales de Víctor Larco Herrera, La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, Moche, El Porvenir, Angasmarca.

Entre otras entidades figuran: la Gerencia Regional de Salud y el Proyecto Especial Chavimochic (Pech).

DINERO AL AGUA

Ante este contexto, es preciso indicar que el mal accionar de los representantes de estas entidades públicas han originado una millonaria pérdida económica (S/6’187,427.01) al Estado y que bien pudieron invertirse en sectores donde urgen ejecutar obras básicas y necesarias.

LO QUE SE PUDO HACER

Por ejemplo, con la inversión de ese referido monto de dinero se pudieron construir al menos tres postas médicas debidamente implementadas en provincias del ande donde se requieren con prontitud.

Además, con ese dinero se pudo construirse dos modernos colegios para albergar al menos a dos mil alumnos, tal como se ha realizado en el distrito de El Porvenir. También se hubiera podido reconstruir e implementar el área de Emergencia de los hospitales Regional y el Belén, en Trujillo.

Y es que según lo han precisado representantes de estos nosocomios, se necesita al menos S/3 millones de soles para realizar las obras en esa referida área.

¿QUÉ HICIERON?

En fin, retomando a los funcionarios que han incurrido en estas irregularidades y que han originado que el Estado pierda dinero, detallaremos algunos de los principales casos.

De acuerdo al informe de Contraloría N°010-2019, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cobró, el 2018, por la prestación de servicio de agua y alcantarillado S/294,958.74, pero solo depósito S/135,831.99 y se desconoce qué pasó con los S/159,126.67, pues al cierre del informe de control ese dinero aún no era depositado.

En otro de los casos están involucrados autoridades de la Municipalidad Provincial de Otuzco, pues según el informe de control N°016-2019, se determinó que se adquirió un terreno para la construcción de un nuevo hospital sin respetar la normativa vigente del Ministerio de Vivienda.

Además, el comité especial elaboró las bases administrativas sin considerar los términos de referencia y otorgó la buena pro a un postor que no incluyó en su propuesta documentación obligatoria. Esto generó un perjuicio económico de S/291, 600.00, afectando de esta manera la correcta administración pública.

CON SUERTE

La Contraloría también detectó mediante el informe de control N°012-2019 que la Gerencia Regional de Salud de La Libertad realizó pagos al administrador de la unidad ejecutora de Julcán que no justifican su reconocimiento como gasto.

Lo que se determinó es que se giró 55 desembolsos a nombre del administrador de la entidad, pero toda la documentación es inexacta y no resiste ninguna justificación. El perjuicio económico en este caso fue de S/266,558.94.

SE EVITÓ MÁS CASOS

Cabe indicar que la Contraloría ha ejecutado controles concurrentes en varias entidades y así han advertido de graves irregularidades que se estaban cometiendo en la construcción de una obra.

Por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, que ejecuta una obra vial de 15.5 kilómetros por un monto ascendente a S/17’117,547.38.

En este caso, la comuna no cauteló que el contratista culmine la obra de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato. Permitió la ausencia de personal especializado en obra ofertado por el contratista y la supervisión. No había cuaderno de obra y encima se pagó adicionales.

Algo parecido sucedía en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, donde se ejecuta una obra vial por S/ 20’689, 186.82. No se encontró al ingeniero residente de la obra y el contratista no tenía el personal clave que había ofertado; no se tomaron medidas de seguridad para el personal, ni terceros. Se dio conformidad a metrados de la obra que nunca fueron ejecutados.

Fuente Diario Correo

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