En menos de 24 horas, el Ejecutivo disolvió una segunda contratación con una empresa china por cuestionamientos en el proceso. La ministra de Transportes, Paola Lazarte, confirmó ayer que Provías Nacional anuló un millonario contrato firmado, el último 18 de mayo, con la empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú (CRTG), por encontrar “información inexacta” en los documentos que acreditaban su experiencia para obtener la buena pro.
¿Cuál fue la información inexacta presentada por CRTG? Perú21 pudo tener acceso a la resolución directoral 658-2023-MTC/20, que señala que se trató de “un certificado de trabajo emitido el 8 de marzo de 2018 por el consorcio San Ignacio” a favor de un ingeniero “con el cargo de gerente vial” en la ejecución del servicio de la obra “Servicio de gestión y conservación vial de la carretera Cochabamba, Chiple IIRSA Norte, desvío Chamaya – San Ignacio – puente La Balsa (Cajamarca)”.
La observación al documento fue realizada, el 26 de mayo último, en un informe técnico alcanzado por la oficina de Administración a la oficina de Asesoría Jurídica de Provías Nacional (PN).
El jueves último, CRTG contestó que “el documento cuestionado”, es decir, el certificado de trabajo que presentaron de ese ingeniero, “no es un documento falso ni cuenta con información inexacta”.
Sin embargo, el descargo de CRTG no fue suficiente para Provías Nacional y la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo declaró nulo el contrato de 323.9 millones de soles para el servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial “Emp. PE-3S (Dv. Imperial) – Pampas – Abra Independencia – Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay)”, ubicado en el trayecto Huancavelica – Ayacucho.
“China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú ha incurrido en la causal de sanción tipificada —señala la segunda página de la resolución— en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, al presentar documentación con información inexacta a la entidad, transgrediendo el principio de presunción de veracidad (…)”.
PIDIÓ ADELANTO DE OBRA
El pasado 26 de mayo, la ministra Lazarte dio una conferencia de prensa en la que dijo que la Oficina de Control Institucional (OCI) inició una investigación al contrato firmado entre PN con CRTG, pero evitó pronunciarse si es que el contrato podría ser anulado. “Seguiremos el debido proceso”, fue lo que dijo aquella vez.
Al ser consultada si es que CRTG había pedido un adelanto de más de 100 millones de soles, evitó responder. No obstante, la ministra, según fuentes, no manejaba esa información porque la resolución directorial de PN —que anula el contrato— indica que CRTG recién pidió un adelanto de la obra, el último jueves, el mismo día que absolvía el cuestionamiento a su experiencia por el que finalmente Provías Nacional decidió anular el contrato.
SABÍA QUE
”Luego de firmados los contratos, se permite el control posterior que permita evidenciar vicios en el proceso”, dijo la ministra Paola Lazarte.
-Un juzgado de Abancay falló a favor de CRTG y dejó sin efecto una suspensión de 36 meses que OSCE le dio.
-Caso ‘Los Niños’. La empresa está mencionada en la acusación constitucional contra el expresidente Castillo y seis congresistas de Acción Popular.
-Ministerio de Vivienda, el último jueves, informó la anulación de la licitación de obra de S/561.7 millones ganada por una empresa china.
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“La reacción de no contratar con una empresa que tiene este tipo de artimañas o artilugios es coherente, pero nuevamente, ¿no nos dimos cuenta de esto antes? ¿Por qué tiene que ser mediatizado para que después haya una reacción del Estado?
Perdemos mucho tiempo, mucha posibilidad de que el proyecto salga adelante cuando no nos damos cuenta de esto antes, y tiene que ser la prensa usualmente la que controla estos escándalos.
El asunto es cómo empezamos a desactivar todas estas bombas que el gobierno de Pedro Castillo nos ha dejado: un montón de corrupción.
Y la corrupción opera como mafias, con organizaciones criminales con famosos ‘lobistas’. No hace falta que el Ministerio de Vivienda tenga una unidad anticorrupción que sea simbólica. Tiene que empezar a ser operativa, tiene que empezar a disparar casos. De lo contrario, terminan siendo un saludo a la bandera”.
Fuente Perú21
