La Contraloría General detectó que la administración del desembarcadero pesquero artesanal de Ilo (DPAI), contrató a dos parientes de primer grado de afinidad y consanguinidad del funcionario a cargo de logística en dicha entidad, acto que constituye una irregularidad.
El informe indica, además, que se habrían utilizado documentos falsos para beneficiar a sus familiares quienes se encontraban impedidos de contratar con el Estado.
Por estos hechos se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la entidad que pertenece al Gobierno Regional de Moquegua.
El Informe de Control Específico N° 011-2022—CG/SADEN-SCE, evidenció que durante la primera ola de Covid-19, en los meses de abril y mayo de 2020, la entidad contrató en tres oportunidades a dos proveedoras para el servicio de desinfección y fumigación de las instalaciones del DPAI, por un monto total de 12,780 soles.
La Comisión Auditora evidenció tambièn mediante consulta RUC, Ficha Reniec y acta de nacimiento, que quienes prestaron el servicio de desinfección, tenían vínculo de consanguinidad (hija) y afinidad (cónyuge) con el operador logístico encargado de las contrataciones del Desembarcadero.
Del mismo modo, se revisó los expedientes de contratación y las proformas de otros proveedores que supuestamente participaron en el proceso.
Todos los proveedores tenían sumas más altas que las proformas que finalmente fueron aceptadas. Los representantes de dichas empresas, negaron haber sido invitados a cotizar para el servicio de desinfección y señalaron que las firmas y sellos de dichos documentos, no les corresponden ya que habrían sido falsificados.
Ante estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en el operador logístico, pues empleó propuestas técnicas y económicas con elementos de falsedad, para favorecer a dos proveedoras con quienes tiene vínculo de consanguinidad y afinidad. También se halló presunta responsabilidad administrativa en el Administrador del DPAI.
El Informe de Control Específico, fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Moquegua, para que disponga el inicio de las sanciones administrativas y también se remitió a la Procuraduría Anticorrupción, para el inicio de las acciones legales por presuntos actos de corrupción. Los detalles del informe, se encuentran publicados en el Buscador de Informes de la Contraloría, en aras de la transparencia y acceso a la información pública.
Fuente Andina
