La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Economía María Antonieta Alva y el exministro de Salud Víctor Zamora, por presunta colusión agravada en agravio del Estado. El caso se vincula a la compra directa de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en 2020.
La acusación se sustenta en la adquisición de un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas mediante la Compra Directa N.º 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE. Según el Ministerio Público, los exfuncionarios habrían concertado de manera ilegal con dos empresas proveedoras, lo que configuraría un presunto delito contra la administración pública.
De acuerdo con la Fiscalía, esta concertación se habría iniciado a raíz de una reunión celebrada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas, en plena emergencia sanitaria. En ese contexto, se habría pactado favorecer a determinadas empresas en el proceso de adjudicación.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales fue la encargada de sustentar la denuncia, que ahora deberá ser evaluada por el Congreso de la República para determinar si procede su admisión y posterior trámite.
En paralelo, la Fiscalía indicó que no encontró mérito suficiente para formular una segunda denuncia constitucional contra Vizcarra, Alva, Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra, por presunta omisión de funciones relacionadas con la demora en la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
Esa investigación apuntaba a una posible negligencia del Ejecutivo en la gestión de compra de vacunas en las primeras etapas de la pandemia. No obstante, el Ministerio Público concluyó que no existían pruebas sólidas que sustenten una responsabilidad penal en ese sentido.
Fuente Diario Expreso
