El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, programó una próxima audiencia para el jueves 22 de agosto a las 9 a.m. con motivo de continuar el control de la acusación fiscal contra dos personas por el caso Gasoducto Sur.
De esta modo, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia sustentará los 54 medios de prueba que contribuirán a sostener su hipótesis que señala irregularidades en la adjudicación del proyecto a Odebrecht. Con ello busca que se lleve a juicio a dos imputados.
El primero es Edgar Ramírez, expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, para quien se solicita 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de colusión agravada.
En cambio, para Claudia Hokama, exapoderada de Odebrecht, se pidieron 6 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. A ella también se le acusa por colusión agravada.
En principio, el fiscal Reynaldo Abia iba a presentar 76 medios de prueba, pero se desistió de 22 de ellas ya que algunas se repetían entre sí.
Las imputaciones que figuran en la acusación señalan que tanto Hokama como Ramírez. concertaron para otorgar la buena pro al consorcio que estaba integrado por Odebrecht. Además, el presunto acto ilícito y la obra sin terminar dejó al Perú un perjuicio económico de US$136 millones.
En la sesión pasada, las defensas cuestionaron la inclusión de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato al proceso del Gasoducto Sur. Sin embargo, el juez desestimó el pedido y Jorge Ramírez continuará en el tema acompañando a la Fiscalía.
También en aquella audiencia se postuló al juez un monto de reparación civil de S/1476 millones, que tendría que pagarse a favor del Estado en una eventual sentencia.
Fuente La República
