Los gobiernos licitan, hacen apps, firman generosas adendas y se dejan ganar en los arbitrajes. Por eso, aportar a las campañas de los candidatos a presidentes y coimear a los funcionarios se volvió la esencia corruptora de Odebrecht. Pero, ojo, el Congreso también dio motivos para poner a tintinear a la División de Operaciones Estructuradas y su Caja 2. Y los fiscales conocen esos motivos y los han incorporado a sus hipótesis. Ya lo veremos.

Hace pocos días nos enteramos de que Odebrecht hizo entrega al equipo especial Lava Jato, el pasado 5 de setiembre, de planillas con pagos y codinomes que no conocíamos asociados a obras y rubros que tampoco sabíamos con certeza cuán corrompidas estaban. Entre las novedades, está el rubro ‘DS JB’ (sigla de ‘despesas especiais’ o gastos especiales de Jorge Barata), que llegó a totalizar $7’030.855, de los que aproximadamente $460.000 habrían ido a parar a ‘campanha legislativa’ (CL).

Si bien las fechas comprendidas en todas las planillas están en un rango que va de enero del 2006 a mayo del 2011, los de CL se dieron solo entre marzo del 2010 y marzo del 2011. No podemos precisar si CL es un codinome asociado a un congresista o candidato congresal o es un subrubro de gastos de Barata asociado a varios parlamentarios. Eso sí, fuentes de El Comercio dicen que la fiscalía ya tiene algunos codinomes que estarían referidos a congresistas.

¿Por qué el Congreso? Los megaproyectos manchados por Odebrecht tenían dos momentos de cuidado en el Parlamento: 1) Cuando requerían de una ley que los declarara de interés nacional para que se destrabaran y discurrieran por un tubo. 2) Más importante que eso, cuando el sobreencarecimiento y las sospechas provocaban la formación de una comisión investigadora. Llegados a ese extremo, no solo el proyecto se jugaba su viabilidad, los corruptos se jugaban la vida pues la pesquisa podía llegar a conclusiones devastadoras.

Eso sucedió con la Comisión Investigadora del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IIRSA en el 2008. Los argumentos en favor de la inversión no bastaban. Las movilizaciones de las poblaciones a las que se les hizo creer que la obra coronaba sus sueños de progreso, tampoco bastaban. Odebrecht necesitaba sabotear la investigación.

-No voto contra mi pueblo-

En “Lava Jato: sabíamos casi todo y no hicimos nada” (El Comercio, 6/02/2017), narramos el sabotaje que padeció en el 2008 la comisión investigadora de la IIRSA Sur. Su presidente, la nacionalista Margarita Sucari, fue pillada en un reportaje televisivo mochando el sueldo a sus trabajadores y ¡zas¡, la Comisión de Ética vio su caso y el pleno la envió a su casa.

El vicepresidente de la comisión, el entonces fujimorista Renzo Reggiardo, asumió la tarea en medio de dilaciones y sesiones interrumpidas. Nos contó que en su bancada, encabezada por Keiko Fujimori, le pidieron que no hurgue en el tema. “Sentía como si mis colegas fueran abogados de Odebrecht”, nos contó años después. Al no poder conseguir un plazo ampliatorio para investigar, decidió renunciar y se lo dijo de esta forma al entonces presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (JVQ) en carta del 11/8/2008: “Intenté comunicarme reiteradamente con usted sin haber logrado su atención (…), a fin de proponer soluciones para la continuidad de las investigaciones y que su imagen ante la opinión pública no se vea afectada por una aparente falta de objetividad”.

La falta de diligencia de JVQ, según lo acusado por Reggiardo, no fue la única razón que selló el destino de esa comisión temprana. Los otros miembros, Juan Carlos Eguren, Aurelio Pastor y Juvenal Silva presentaron un informe que no encontraba irregularidades en el encarecimiento y en las adendas. Cuando le preguntamos a Eguren, dos años atrás, por qué avaló ese informe, nos respondió que “no podía votar contra un proyecto tan importante para mi región [Arequipa]”. La mayoría del Congreso votó y aprobó el texto perdonavidas.

En febrero del 2019, Raymundo Serra, el ex jefe de relaciones públicas de Odebrecht en el Perú, fue interrogado en Curitiba e hizo las primeras revelaciones, con nombre y apellido, de aportes a campañas de congresistas. Por lo trascendido, no podemos precisar si fue para la campaña del 2006 o la del 2011, pero sí que fueron aportes de entre $5 mil y $15 mil a los pepecistas Juan Carlos Eguren e Hildebrando Tapia. El intermediario habría sido alguien ya bastante conocido en el Lava Jato local: el también pepecista Horacio Cánepa.

Después de trascender esta delación, Eguren ya no contesta nuestras llamadas. Pero la hipótesis de que habría una relación entre los aportes confesados por Serra y el papel que jugó este excongresista arequipeño con predicamento en temas de inversión, en el informe exculpatorio del 2008; es muy persuasiva. Además, hay otra investigación que tuvo en ascuas a Odebrecht. Y a Eguren lo vieron cerca.

-Pari por partes-

En noviembre del 2015, el Lava Jato brasilero empezaba a estremecernos con la posibilidad de replicarse en el Perú. El ánimo antiaprista reinante en el Congreso, liderado por los humalistas, logró que se formara una primera Comisión Lava Jato. La presidió Juan Pari, de la bancada Dignidad y Democracia, compuesta por ex nacionalistas.

Acompañando a Pari estuvieron los fujimoristas Karina Beteta y Jesús Hurtado Zamudio; la peruposibilista Carmen Omonte; el aprista Mauricio Mulder; y los nacionalistas Daniel Abugattás y Josué Gutiérrez. Como en toda comisión, a las sesiones se suelen sumar otros congresistas y entre ellos, recuerda Pari, vio más de una vez a Juan Carlos Eguren.

Como muchos recuerdan, Pari acabó firmando en soledad un informe contundente que recomendaba a la fiscalía investigar a las constructoras brasileras y a funcionarios de tres gobiernos . Hubo otro informe, presentado por Karina Beteta y otros congresistas, del que Mulder y Hurtado retiraron su firma días después. Según me cuenta Pari, esta dispersión de informes no tenía como fin rebatir un contenido con otro, sino frustar que el pleno votara un solo informe.

¿Quiénes y por qué cortaron las alas a Juan Pari luego de que, a diferencia de Reggiardo en el 2008, le ampliaron el plazo para investigar y tenía logros importantes que mostrar? En primer lugar, hay que recordar que estábamos cerca de la segunda vuelta del 2016 y el informe podía alterar el curso de las elecciones, minando a PPK, que estaba comprometido seriamente en las conclusiones, y favoreciendo a Keiko. Pari ha reconocido, autocríticamente, que esa fue la razón por la que prefirió dejar su texto en reserva. Solo después del triunfo de PPK y del estallido del Lava Jato pidió que se levantara la reserva y hoy el texto es de fácil acceso.

Carmen Omonte me contó que fue defenestrada de la comisión por José León, el vocero de su partido Perú Posible. Ella lo encaró y este le dio a entender que había sido una decisión de Alejandro Toledo. Fue reemplazada por Modesto Julca, que fue de los últimos leales a Toledo. Le podemos creer a Omonte, pues en ese entonces hizo público su fastidio.

Karina Beteta también entregó su informe en reserva, como Pari, y no he podido acceder a él pues se mantiene reservado. Le he preguntado cuál era la diferencia fundamental con Pari, pero no me responde. Llama la atención que ella, que fue de la bancada nacionalista en el 2008 y estuvo entre la minoría crítica que votó contra el texto perdonavidas; en el 2016 no acompañara las conclusiones de Pari que, además, hubieran favorecido a Keiko. También le he formulado esa pregunta, pero no me responde.

-La hipótesis fiscal-

Los fujimoristas suelen repetir que la carcelería de Keiko es injusta porque ‘no fue gobierno’. En esa afirmación está implícita la asunción de que los aportes de Odebrecht por los que se la investiga y se le ha dictado prisión preventiva no podrían tener una contrapartida si el líder no llega al poder central. Además, agregan los defensores de Keiko que en el 2011 ella no podía saber que Odebrecht era el monstruo que luego vimos desnudo.

Ante esta defensa, la fiscalía responde recordando, precisamente, que Keiko era congresista en el 2008 y participó en el debate del informe exculpatorio. Es más, votó a favor de él. Es decir, la hipótesis fiscal asume que el Congreso también fue un terreno donde se jugaban los intereses corruptos de Odebrecht y por lo tanto había lobby y operadores a los que Keiko Fujimori, por lo menos, estuvo expuesta. En la audiencia en la que sustentó el pedido de prisión preventiva, José Domingo Pérez, citó el episodio del 2008.

Con la confirmación de pagos a ‘campanha legislativa’ se aguza la mirada sobre el Congreso como otro territorio cubierto por la Caja 2. Por supuesto, Odebrecht pagó y corrompió más en el gobierno central; pero hubo momentos en que necesitó alinear a partidos y bancadas para sacar adelante megaproyectos, o para bloquear investigaciones.

Actualización al 14/9/19, 2:15p.m.

La congresista Karina Beteta nos dijo que no vio nuestros mensajes y nos ha dado su versión luego de publicada esta crónica. Piensa que el informe de Pari está mistificado, pues no hacía imputaciones directas a ningún funcionario importante. Su propio informe en minoría tampoco lo hacía, sino que se concentraba en pedir que el nuevo Parlamento continúe las investigaciones. Nos aseguró que no conocía la información que Pari había recabado y que comprometía a PPK. No se comprometió a hacer el trámite para levantar la reserva de su informe en minoría, pero dijo que le parecería bien que lo hiciera el Congreso.

Fuente El Comercio

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