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Odebrecht y OAS siguen demandando al Perú en el exterior

Odebrecht y OAS siguen demandando al Perú en el exterior

Desde enero de 2013, en que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) firmó el contrato con la empresa Rutas de Lima y se concesiona por 30 años la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé, con doce peajes en estas vías, mucha agua ha corrido bajo los puentes.

En ese entonces era alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien rubricó el contrato con la mencionada concesionaria formada por la constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Participacoes e Investimentos.

Han pasado los años, y dicho consorcio, Rutas de Lima, ha acudido a un arbitraje internacional en circunstancias en que en el 2018 el tema central del debate político ha sido el caso Odebrecht y los criticados acuerdos de colaboración que ha firmado con las autoridades peruanas.

Y una de esas críticas a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, amén del procurador del caso Jorge Ramírez, es no haber tomado previsiones para imposibilitar que Odebrecht u otras constructoras brasileñas sigan haciendo uso y abuso de los arbitrajes internacionales contra el Estado peruano.

Y vaya que había dos en curso por los peajes, una de Rutas de Lima, donde Odebrecht Latinvest mantiene un 25 % el accionariado después de una oportuna venta del 57 % de acciones, en junio de 2016, al fondo canadiense Brookfield Asset Management.

Y otra de Línea Amarilla, de OAS, también brasileña, cuya concesión controla la Vía de Evitamiento de la capital y la Vía Expresa, y que tiene iniciado –según se supo– un arbitraje en París, Francia.

En el caso de Odebrecht – Brookfield, se afirma que acude a arbitraje internacional en Washington basándose en una cláusula aprobada en la administración edil de Susana Villarán.

La historia reciente empieza en noviembre de 2017 cuando Rutas de Lima solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)  su decisión de acogerse a la Cláusula 1.4 del contrato de concesión al solicitar el pago de 47’606,372 soles en aplicación del mecanismo de compensación económica.

“La Municipalidad de Lima consideró que esto no era viable porque el ‘peaje Chillón’ es considerado una unidad nueva y no se había cumplido con el porcentaje de avance de obra estipulado”, afirma el portal Manifiesto.

Como no hubo acuerdo, Rutas de Lima ha recurrido a tribunales internacionales para supuestamente hacer valer sus derechos. Y exige nada menos que 1,295’005,473.58 de soles de indemnización por daños y perjuicios que motivaron, según su versión, los presuntos incumplimientos de contrato, amén de los intereses y montos que se hubieran recaudado con las nuevas tarifas del 2018 y 2019, añaden.

La afectación que Rutas de Lima considera más lesiva es la falta de recaudación del peaje de Chillón y la “Unidad Nueva de Peaje Chillón”, que está a unos cinco kilómetros, esto entre el 29 de diciembre de 2016 y el 12 de enero de 2017.

Se refiere a los incidentes de enero de 2017 a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, a raíz de las protestas de vecinos que se oponían a la instalación de una garita de peaje debido a que incrementa sus gastos de transporte.

Fue tal el nivel de la ira popular que las casetas fueron quemadas y el alcalde Luis Castañeda Lossio se vio obligado a suspender dichos cobros.

CONTRALORÍA

La Contraloría de la República auditó Rutas de Lima en enero de 2018 y constató que, desde el 2013, habían pasado cinco años, y no se cumplía con los acuerdos de que en tres años Odebrecht tenía que culminar una serie de intercambios viales, puentes y pistas nuevas.

En efecto, la transnacional carioca se comprometió a invertir 550 millones de dólares en los primeros cinco años que financiarían seis nuevos intercambios viales, puentes peatonales, rotondas, paraderos, pasos a desnivel y 19 nuevos kilómetros de la ampliación de la Ramiro Prialé. Y no lo hizo.

También la Contraloría dejó clara constancia de que las dos últimas gestiones del municipio –de Villarán y Castañeda– le habían permitido a la empresa hacer aumentos en el peaje sin ajustarse a ley.

Entretanto, en los primeros cuatro años de concesión, Odebrecht había obtenido ingresos por más de 600 millones de dólares en los consabidos peajes. Y aún faltaban 25 años.

Por su parte, la Comisión Lava Jato del Congreso probó que “El concesionario implementó la unidad de peaje de Chillón e incrementó las tarifas en todas las unidades de peaje desde el 29 de diciembre de 2016, sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias, amparado en el Acta de Acuerdo del 30 de junio de 2016, suscrita al margen del Decreto Legislativo 1224 –que regula las asociaciones público privadas–, lo que le permitió ingresos por US$ 1.5 millones hasta el 31 de mayo del 2017”.

EL CASO OAS

La Municipalidad de Lima reseña en otro expediente el caso de Línea Amarilla, de OAS, ahora vendida en su totalidad, con cuya empresa se han suscitado controversias relativas al reajuste  tarifario y discrepancias sobre el pago de las tarifas por “eventos fortuitos en favor de las partes”.

Recordemos que el 12 de noviembre de 2009 la Municipalidad y la Empresa Línea Amarilla SAC, también conocida con las siglas de Lamsac, suscribieron un Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla para la construcción y explotación del citado proyecto, que le dio el derecho de cobro de los peajes en las concurridas Vía de Evitamiento y Vía Expresa.

Pero resulta que la municipalidad acepta que dichas controversias “han sido sometidas por las partes a un Arbitraje Internacional de Derecho Ad Hoc, con aplicación de las  reglas de arbitraje de la Cámara de Arbitraje Internacional de París (CAIP)”.

Los documentos de la MML a los que EXPRESO tuvo acceso precisan que Lamsac formuló la solicitud de arbitraje ante la CAIP el 27 de julio de 2018.

En la página web de esta entidad aún no aparece ingresada la demanda, por lo que se supone que se ha agotado el trato directo en Economía y Finanzas y debe estar en curso para su admisión.

Una cronografía rápida nos dice que el 21 de enero de 2019, Lamsac presentó su memorial de demanda contra la MML.

Y con fecha 4 de marzo de 2019 la municipalidad suscribió contrato con el mismo estudio Foley Hoag LLP.

Y como refuerzo a Foley Hoag la administración del alcalde Jorge Muñoz decidió contar con un experto nacional “a fin de coadyuvar a la defensa de la MML”. Se trata del abogado Mario Eduardo Castillo Freyre, también escogido por contratación directa.

Así está escrito en la respectiva acta de otorgamiento de la buena pro fechada el 22 de marzo de 2019 que también consigna una remuneración de 750 mil soles.

Su trabajo consiste en la interpretación legal de las cláusulas del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla y sus respectivas adendas.

Se refiere a todo lo relacionado con los incrementos de precios, compensación, reajustes de tarifas de peaje, entre otros temas de interpretación legal relacionados con los temas de controversia en el arbitraje.

En otras palabras, se trata, afirman, de defender los intereses de la MML y respaldar su posición legal “de conformidad a lo requerido por la firma Foley Hoag LLP”.

Según los documentos de la MML, el estudio peruano de abogados debe elaborar el informe legal, además de sustentar en audiencia dicho informe ante el Tribunal Arbitral Internacional, incluyendo sus aportes a la firma Foley Hoag para la elaboración del escrito post audiencia, si fuere necesario.

Este segundo informe, de dúplica, que respondería al segundo informe de Lamsac, debe presentarse el 31 de julio de 2019, no sin antes entregar un borrador en fecha máxima del 20 del mismo mes.

No era un tema nuevo esto de los nuevos arbitrajes sino que estaba oculto. Incluso hay un cronograma de trabajo, como se puede ver en estas páginas.

Lamsac es una empresa del grupo VINCI Highways desde 2016.

Autorizaciones

El Acuerdo de Concejo Nº 20, del 21 de febrero de este año, rubricado por el alcalde Jorge Muñoz y por la secretaria general de la MML, señala en su primer artículo:

“Autorizar a la Gerencia de Administración la contratación de un estudio jurídico no domiciliado para patrocinio legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en los arbitrajes internacionales seguidos por Línea Amarilla S.AC. (en París, Francia) y Rutas de Lima SAC. (en Washington D.C., Estados Unidos), conforme a lo solicitado por la Procuraduría Pública Municipal y sustentado por la Subgerencia de Logística Corporativa y la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en los informes citados en los consideraciones del presente acuerdo”.

Incremento de tarifas

La Comisión Lava Jato tiene amplia información de los abogados y lobistas que participaron en el caso Lamsac. Es el caso del Acta de cierre de Trato Directo, firmada el 20 de octubre de 2014, “en el que se acordó que el pago de la compensación económica a Lamsac se realizaría a través del incremento de la tarifa del peaje”.

Así, se dejó establecido que, “a partir del 13 de diciembre de 2014, la tarifa que cobrará Lamsac se incrementará en la suma de S/ 0.42 (cuarenta y dos céntimos de Nuevo Sol) más IGV sobre la tarifa que viene siendo cobrada en la actualidad por Lamsac a través de las Unidades de Peajes Existentes”.

Cornejo sabe mucho

La información remitida por el exministro René Cornejo Díaz, sobre su papel de asesor de Lamsac,  no sustenta –según la comisión Lava Jato del Congreso– “en qué condición participó en las reuniones sostenidas en la Municipalidad Metropolitana de Lima conforme las declaraciones dadas ante la Comisión Investigadora por diversas personas. Cornejo Díaz solo sustenta su vinculación –a través de Corporación Helios S.A.– con el proyecto Línea Amarilla y con Construtora OAS Ltda./Lamsac hasta mayo de 2010”.

Fuente Diario Expreso

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