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[OPINIÓN] Nelson Shack: “Evolución de la corrupción y la inconducta funcional”

[OPINIÓN] Nelson Shack: “Evolución de la corrupción y la inconducta funcional”

El deterioro de la capacidad de gestión, que se agudizó a inicios de 2022 en el Poder Ejecutivo, ha mantenido los índices de corrupción e inconducta funcional en el país. De acuerdo a recientes estimaciones de la Contraloría General, la corrupción y la inconducta funcional nos robaron a todas las peruanas y peruanos 24,419 millones de soles el año pasado; es decir, 156 millones de soles más, en comparación a 2021, año en que el perjuicio alcanzó los 24,262 millones de soles.

Esto se produjo en un escenario en el que el gasto público del gobierno general aumentó en 3,540 millones de soles en 2022.

Ante ello, es preciso destacar que con los actuales niveles de gasto, si se hubiera mantenido la tasa de incidencia de la corrupción en 2019, que ascendió a 14.9%, hubiéramos perdido 2,640 millones de soles más de lo que perdimos en 2022.

Esto significa que el esfuerzo que viene desplegando el ecosistema de control, en el marco de la reforma del control gubernamental que viene implementando la Contraloría desde 2019, no ha sido en vano.

Es también interesante mencionar cómo la composición del gasto ha ido cambiando. De hecho, entre 2021 y 2022, el gasto no financiero de los gobiernos locales, quitando la deuda, creció en 17%; en el caso de los gobiernos regionales, este aumento fue de 8%. Sin embargo, en el caso del gobierno nacional, esta cifra fue de solo 1.4%.

Las cifras nos demuestran el tremendo costo del deterioro institucional en las capacidades de gestión del Poder Ejecutivo que se produjo durante el gobierno pasado.

En los últimos años, sin excepción, el gasto no financiero consolidado del Poder Ejecutivo ha ido creciendo respecto del año anterior, por ejemplo, entre 2018 y 2021 el gasto creció en promedio anualmente casi 12%, pero en 2022 hubo un punto de inflexión en el cual el gasto del Poder Ejecutivo se contrajo de 93,803 millones a 87,260 millones de soles.

Esta reducción en el gasto refleja, como hemos advertido, el detrimento sustancial en la capacidad de gestión demostrada en la anterior administración, que mereció decenas de informes de control por parte de la Contraloría General respecto de la designación de funcionarios no idóneos para el cargo, hecho que se tradujo en una menor prestación efectiva de bienes, servicios y obras.

Se darán cuenta entonces que la idoneidad del funcionario es clave para asumir con responsabilidad el llevar adelante al país. Los ciudadanos no tenemos por qué pagar el costo del aprendizaje de aquellos que entran al Estado solo por motivos políticos, y que no saben lo que tienen que hacer ni cómo hacerlo, desde el primer día de gestión, con transparencia y legalidad.

Por ello, en coordinación con Servir, desplegaremos en julio de este año un megaoperativo nacional para verificar el adecuado cumplimiento de la ley sobre la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, a fin de disponer el deslinde de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de aquellos funcionarios que participaron en designaciones incongruentes, así como de aquellos que las aceptaron.

La experiencia vivida en los últimos dos años debe por fin enseñarnos a elegir autoridades con experiencia profesional y académica, y también con trayectoria moral y ética por el bien de nuestro país.

Fuente Perú21

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