El organismo supervisor de contrataciones públicas perderá funciones relacionadas al control de las compras con el Estado, pero tendrá más mecanismos para fomentar la competencia en las contrataciones públicas
El rol del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) está cambiando. Dejará de controlar los aspectos técnicos de las compras públicas para dedicarse más a asegurar contrataciones públicas competitivas vía sanciones, ya sea de la mano del Indecopi o directamente en el caso de empresas que contraten con Petroperú. Especialistas consultados por SEMANAeconómica coinciden en que los cambios no implican una visión general e integral de simplificación normativa, e incluso podría generar mayor tramitología. “Solo implican temas puntuales y no demuestran mayor celeridad y flexibilidad”, dice Juan Carlos Morón, socio del estudio Echecopar.
El Decreto Legislativo N° 1444 modificó la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). Con ello disminuyeron las competencias del Osce relacionadas a las compras públicas, a la vez que se reforzaron las sanciones producto de prácticas anticompetitivas e introdujo el régimen general de infracciones para las contrataciones con Petroperú. El Osce aún mantendrá funciones relevantes como resolver recursos de impugnación, imponer sanciones, administrar el Registro Nacional de Proveedores y el de árbitros.
MENOS FUNCIONES
Funciones que antes pertenecían exclusivamente al OSCE, como proponer modificaciones normativas y analizar nuevos mecanismos de contratación del Estado pasarían a manos del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), una nueva dirección adscrita al MEF. Así las compras pasarían de ser supervisadas por una única entidad. “Ahora existe una autoridad adicional, que tiene facultades normativas, emite opiniones vinculantes y forma parte del MEF. Hay una recentralización de funciones hacia el ministerio”, dice Víctor Baca, consejero del estudio Garrigues.
El principal riesgo es la superposición de funciones, lo que podría generar mayores costos administrativos para los proveedores. “Esto va a duplicar la tramitología llevada a cabo por los proveedores, además de confundir a la administración. Lo que se debería hacer es reforzar el Osce y garantizar su independencia, no someterlo a una oficina del MEF”, indica Morón, del Echecopar.
INHABILITACIÓN PARA CONTRATAR
La norma también permite al Osce alertar al Indecopi de indicios de conductas anticompetitivas para que éste inicie un proceso administrativo sancionador. Además de determinar la infracción y posible sanción, el Indecopi inscribirá a los infractores en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado por un año. La entidad ha sancionado carteles de contratación pública en el pasado, pero la sanción sólo era pecuniaria.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi dijo a SEMANAeconómica que la finalidad es mejorar la coordinación y cooperación entre el Indecopi y las entidades a cargo de las contrataciones públicas para fortalecer la detección de carteles en las adquisiciones públicas y reducir los riesgos de que postores logren acuerdos anticompetitivos.
Las prácticas anticompetitivas en las licitaciones inflan el precio de la licitación en alrededor de 34.6%, según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Hasta fines de agosto del 2018 la Secretaría Técnica contaba con 16 investigaciones preliminares por prácticas anticompetitivas en el marco de contrataciones con el Estado”, agregó.
PETROPERÚ
La norma deja de aplicar el régimen de contratación independiente de Petroperú en lo que respecta a infracciones y sanciones para aplicar la LCE. La administración contractual y la formación del contrato no serán afectadas. El régimen de Petroperú era menos estricto al de la LCE, pues ésta contempla más infracciones. “Ahora hay una necesidad de mayor diligencia para las empresas que contratan con Petroperú”, dice Mariana Simoes, socia del estudio Philippi Prietocarrioza Ferrero DU & Uría.
Petroperú dijo a SEMANAeconómica que la norma permitirá optimizar el régimen de adquisiciones y contrataciones de la empresa, manteniendo su autonomía.
Ahora, todas las entidades estarán bajo la potestad del tribunal sancionador del OSCE. Todas estarían sometidas al mismo criterio.
Fuente Semana Económica
