El atropello se consumó. El Grupo La República Publicaciones, que edita los diarios La República, El Popular y Líbero, no podrá recibir publicidad del Estado nunca más, por disposición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través del Tribunal de Contrataciones.
El OSCE ha logrado este grave atropello a la libertad de prensa en el Perú aplicando de manera arbitraria y con evidente afán político una lectura errónea de la Ley 30225.
Lo hace a pesar de que, en noviembre del 2020, el Tribunal Constitucional (TC) advirtió que la interpretación que los vocales del Tribunal de Contrataciones hacen de dicha norma afecta la libertad de contratación, libertad contractual, presunción de inocencia y principio de competencia.
Pero, como se trata de eliminar al principal medio opositor al Gobierno y al fujimorismo, todo vale. Este ilegal atropello comenzó en setiembre de 2021 durante el gobierno de Pedro Castillo y se perfeccionó y convalidó el 2023, con el régimen de Dina Boluarte.
La historia del abuso
Tal como lo denunciamos en una serie de artículos publicados en setiembre y octubre de 2022, con el afán de afectar los ingresos económicos de este diario, en enero del 2022, el OSCE inició 109 procesos sancionadores contra el Grupo La República.
Se le acusó de infringir la Ley 30225 al contratar publicidad con municipios, universidades, empresas públicas, ministerios, organismos estatales y el Poder Judicial por el hecho de que, del 19 de noviembre de 2020 al 27 de julio de 2021, Claudia Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo.
El TC, el mismo Tribunal de Contrataciones, en otros casos, y la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) de OSCE han dicho que la prohibición que establece dicha ley solo era para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Sin embargo, nada de estos antecedentes fueron tomados en cuenta. Los sucesivos presidentes de OSCE Diego Alejandro Montes Barrantes; Ada Rosa Basulto Liewald; Laura Lissete Gutiérrez Gonzales; y el brazo ejecutor, la presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, Cecilia Berenise Ponce Cosme; y la secretaria ejecutiva Carola Patricia Cucat Vilchez han aplicado de manera sistemática, metódica y rigurosa el funesto plan político concebido para destruir a La República. Claro que no lo lograrán, pero en eso siguen empeñados hasta hoy.
Gota a gota
De los 109 procesos sancionadores que inició el OSCE en enero, a partir de setiembre de 2022 fue emitiendo acciones una a una. 18 sanciones temporales de prohibición para contratar con el Estado, que iban de tres hasta seis meses. Eran sanciones mínimas, pero sumadas totalizan 79 meses de impedimento para recibir publicidad del Estado.
Una vez logrado este primer objetivo, aplicaron una norma de OSCE que dice que, si en un periodo de cuatro años las sanciones superan los 36 meses, entonces la empresa queda prohibida de contratar con el Estado por tiempo indefinido. En este caso, el Grupo La República no podrá nunca más recibir publicidad estatal.
Bajo este segundo criterio se han aplicado otras 28 sanciones con plazo indefinido que suponen la cadena perpetua o pena de muerte para La República. Eso creen o eso planificaron, pero no lo van a lograr, aunque han tomado todas las previsiones para conseguirlo.
Un triunfo, vienen más
El único camino para revertir este atropello es demandas en lo contencioso administrativo o acciones de amparo ante el Poder Judicial. La República ya inició este camino. El derecho y la ley aseguran el triunfo. De hecho, en noviembre último, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima ya anuló una sanción, al considerar que era arbitraria.
Pero allí es donde otra vez es evidente la perversidad del plan de OSCE, pues esperaron a llegar a 79 meses de sanción temporal, cuando eran suficientes 36, para aplicar la sanción definitiva. Así se necesitará ganar muchas demandas contenciosas para bajar al mínimo. Paciencia, buen humor, resistencia y la confianza de los lectores y anunciantes privados nos permiten seguir adelante.
Retrocedieron sobre el diario judicial
De los 109 procesos sancionadores, OSCE tuvo que archivar 62 procesos luego de que el Poder Judicial y diversos alcaldes aclararan que se trataba de avisos contratados con La República en condición de diario judicial.
El Tribunal de Contrataciones intentó ocultar los informes del PJ, pero, luego de que el 17 de octubre de 2022, La República denunciara su existencia, debieron retroceder.
Fuente La República
