En su reciente presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza, el premier Guido Bellido confirmó que el Gobierno reestructurará Petroperú para que incursione en actividades de “exploración” y hasta en “energías renovables”. Insistir en este tema, casi como un fetiche, es una crónica de otro despilfarro anunciado, con el agravante que hoy más que nunca es clave que cada sol de nuestros impuestos se use de forma responsable y eficiente.
¿Y cuál es la justificación –si la hubiera– para esta decisión? “Lo hacen hoy muchos gigantes del rubro”, dice Bellido. Ese no es un argumento, pero veamos algunos hechos y datos que desmontan ese relato. Primero hay que decir que Petroperú acumuló pérdidas por más de S/13 mil millones entre 2011 y 2020. ¿Cómo una empresa pública tan ineficiente pretende incursionar una actividad tan riesgosa como la exploración? No resiste ningún análisis costo-beneficio. Además, la petrolera estatal ya participa en casi toda la cadena de valor (transporte, refino, distribución y comercialización). En exploración y producción (upstream), Petroperú participa en estas fases como socio (en los lotes 64 y 192), porque elige a las empresas operadoras. Además, tiene su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones, en el cual no interviene el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Es decir, tiene menos mecanismos de control que otras empresas públicas.
Así y todo, Petroperú no genera caja suficiente para afrontar sus deudas de corto plazo. Por cada sol que debe para el pago de proveedores y servicios e intereses por la emisión de bonos internacionales, dispone de apenas 0.25 centavos en una cuenta que podría convertirse en activo líquido rápidamente. “Si ocurriera un escenario de falta de liquidez, como la experimentada en 2020, Petroperú tendría que recurrir nuevamente a sus líneas de créditos”, explica Lucero Martínez, analista económica de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
Aunque el 38% de la deuda financiera de Petroperú sea de corto plazo, no es favorable en un escenario en el que los recursos ajenos a la empresa estatal son casi el triple (2.94) de sus recursos propios, debido, sobre todo, al incremento de la deuda destinada a la nueva refinería de Talara y a la disminución de su patrimonio (que ascendía a US$1,841 millones a 2020). Todo ello en un contexto en el que las ventas se redujeron en 33% y el mercado experimentó una alta volatilidad de precios, lo que conllevó a pérdidas de US$68 millones.
La mayor proporción de la deuda financiera de la petrolera estatal es por la refinería de Talara, proyecto de modernización que tiene un costo de US$4,700 millones para lograr aumentar la capacidad de producción a 90 mil barriles de petróleo, que no es suficiente para cubrir siquiera la demanda de nuestro país (que era 151 mil barriles a 2019).
Un gobierno menos corrupto y efectivo hace la diferencia
La propuesta del gobierno de Perú Libre, en lugar de ser “refundacional”, debería ser, más bien, reformista de nuestras instituciones. Si revisamos cifras reales, tenemos que, al término de cada mandato en Perú, lo ejecutado por el gobierno de turno supera al anterior en un 50%. O sea, cada gobierno peruano, después del 2000, ha gastado 1.7 veces más que el anterior. Pero esto no se traduce en un mejor Estado. Según estándares internacionales, el gobierno peruano es ineficiente y corrupto. Además de la burocracia e ineficiencia del Estado peruano, es preocupante la posición que ocupa nuestro país en el indicador de lucha contra la corrupción: está por debajo de países de América Latina y a la par de naciones de ingresos medios bajos como Bolivia, Nicaragua, El Salvador, entre otros, según cifras de 2019 del Banco Mundial.
Estos datos solo reflejan los resultados de lo que hoy tenemos: un Estado enorme, con 19 ministerios, un millón y medio de empleados públicos y pocos mecanismos de control.
La subsidiariedad del Estado bajo la lupa
Los resultados de una gestión deficiente no importan cuando se trata de restaurar el rol de un Estado empresario. Para ello, Petroperú es una empresa emblemática. Pero esta propuesta atenta contra el principio de subsidiariedad, que implica que las aventuras empresariales del Estado deben estar limitadas a actividades donde no participa el sector privado.
En lugar de dedicar tiempo y recursos a empresas que no generan utilidades o que ponen en riesgo los recursos del Estado, este debe concentrarse en otras funciones como la protección de derechos y garantizar el acceso a servicios públicos.
Fuente Perú21
