Cada vez se viene aclarando más la posición favorable y de protección que tiene el Poder Ejecutivo en relación con las empresas involucradas en actos de corrupción y que actuaron en perjuicio del Estado peruano.
El 5 de noviembre de 2019, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, mostró una posición a favor de la empresa brasileña Odebrecht y el pago que se aprobó darle a la transnacional por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. En aquella oportunidad, ante una consulta de un redactor de EXPRESO sobre si consideraba correcto devolver S/ 524 millones, Montenegro enfatizó que si de ella hubiera dependido esta situación, habría entregado hasta S/ 10 mil millones.
“No solo 524 millones. Si tuviera que devolver 10 mil millones, lo haría porque la corrupción se lleva 12 mil millones de soles y quienes son los más afectados son las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes”, declaró a la prensa.
También en el mes de noviembre, precisamente el día 15, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, dijo en una entrevista en radio Exitosa que no se podría expulsar completamente a las empresas que conformaron el “Club de la Construcción”, porque si se retiraba a estas compañías del país “no habría quien construya”.
“[Si] todas las empresas del Club de la Construcción salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos? ¿Cómo construimos? ¿A quiénes traemos? ¿Quiénes vienen? También es un tema que hay que ver, que hay que tomar en cuenta (…). La crisis en Construcción es grande. Tenemos obras paralizadas porque estas empresas ya no están, abandonaron, quebraron. Es una situación complicada”, dijo en aquella oportunidad Trujillo.
Como se recuerda, el “Club de la Construcción” fue ese grupo de empresas que coordinaba con representantes del Poder Ejecutivo, para obtener, por turnos, las licitaciones de diversas obras, y a un alto costo; no obstante, este caso ya se viene investigando.
La posición de Trujillo tuvo respaldo de parte del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien el 18 de noviembre, para apoyar a su ministro de Transportes y Comunicaciones, alegó que no se le puede cerrar las puertas a una empresa que no tenga una sentencia, así se encuentre investigada por los diversos indicios de corrupción.
“En este caso tenemos ciertas limitaciones de orden normativo. Si hay algún contratista que no tiene una sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando, pero también lo cierto es que no podemos caer en generalidades: hay también empresas honradas, honestas y peruanas. No todo es malo y por ello no podemos caer en la generalidad de descalificar a todos”, dijo tres días después.
La última muestra de la posición que tiene el Poder Ejecutivo respecto empresas vinculadas a actos de corrupción, se observó en la entrevista que realizó el diario Correo al procurador Jorge Ramírez, el día jueves.
En aquella entrevista, Ramírez manifestó, en clara referencia a la transnacional brasileña, que no se debería cerrar la posibilidad de que esta pueda seguir contratando con el Estado, sobre todo, según el procurador, por la información que ha brindado en el marco de las investigaciones en el caso Lava Jato.
“(…) Sí puedo decir, teniendo en cuenta el espíritu de la Ley 30737 como política de Estado, que no es conveniente que matemos a las empresas que colaboran con la justicia. Si las quebramos, ¿cómo nos van a seguir dando información y de donde nos van a pagar las reparaciones civiles? Si una empresa que delinquió se acoge a la colaboración y aporta información eficaz y oportuna, se compromete al pago de una reparación civil, aparta a los directivos que cometieron ilícitos y emprende estrictos programas anticorrupción, entonces debería tener la posibilidad de volver a postular y competir en las licitaciones con el Estado. Ahora es Odebrecht en el caso Lava Jato, pero mañana podrían ser otras empresas peruanas y extranjeras”, fue parte de la respuesta que brindó Ramírez.
Como se observa, la posición de Ramírez tiene demasiadas similitudes con la de Edmer Trujillo, respecto a si compañías en hechos de corrupción deben seguir licitando con el Estado. Lo curioso de esta situación es el comportamiento del presidente Martín Vizcarra en relación con las empresas corruptas. Como se recuerda, a través de su empresa G Y M Vizcarra, logró consorciarse con Odebrecht y conformar Conirsa, algo que negó en su momento cuando rechazó haber sido proveedor de la transnacional brasileña.
No solo eso, en febrero del año pasado, un aspirante a colaborador eficaz dijo que el mandatario “estuvo presente durante la entrega de 100 mil dólares que realizaron representantes de dicho grupo empresarial al partido Peruanos Por el Kambio durante la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2016”.
Vizcarra rechazó estas imputaciones, asegurando que fue él quien combatió al ‘Club de la Construcción’. La última peculiaridad del Presidente ocurrió en agosto del año pasado, cuando dijo que estaba en desacuerdo con devolver los S/ 524 millones a favor de Odebrecht, por la venta de Chaglla. No obstante, a inicios de diciembre, la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia emitió la orden al Banco de la Nación para que ejecutara el reembolso o devolución de ese dinero a la empresa carioca. ¿Qué hizo cambiar de opinión al Ejecutivo?
Al parecer, desde el Ejecutivo existiría una posición más favorable para las compañías vinculadas a hechos irregulares, que a la defensa de los intereses del Estado.
SOLUCIONES DIRECTAS
Este comportamiento del Ejecutivo, en el que los hechos demuestran posiciones más favorables para las empresas, ha despertado la preocupación de diversos especialistas y exministros de Estado, quienes consideran que se deben promover medidas directas para zanjar cualquier tipo de vinculación con compañías cuestionadas. Para Óscar Valdés Dancuart, expresidente del Consejo de Ministros, es necesario que el Poder Ejecutivo defina de una vez una posición en favor de los intereses del país, por encima de cualquier vinculación con estas empresas, y para eso consideró necesario elaborar una lista, y así retirarlas como proveedores del Estado.
“Así como hay una cláusula anticorrupción en los contratos que se firman con las empresas, el Estado peruano debería emitir un decreto de urgencia, en el cual, por la moral nacional, todas aquellas empresas que han corrompido funcionarios, deberían ser descalificadas. Si se premia a algunas empresas con un puntaje adicional por su buen comportamiento, estas deberían tener un puntaje negativo que no les permita intervenir nuevamente en compras del Estado peruano”, señaló a EXPRESO.
No obstante, Valdés manifestó que si el Ejecutivo no muestra una posición firme sobre este tema, y mantiene un comportamiento ambiguo con estas empresas, podría ser el nuevo Congreso, que resulte elegido en las elecciones del 26 de enero, el que podría asumir una posición más directa, y emita leyes que evite que esas empresas liciten con el Estado.
“Creo que sí, debería ser una propuesta de los candidatos [el hacer esa lista de las empresas]. Si bien es un Congreso que va a tener poco tiempo, creo que ellos sí podrían ir con fines específicos, y algo concreto sería esto. Si el Ejecutivo no lo hace, que el Congreso lo haga, porque de que todas esas empresas han afectado la moral nacional, lo han afectado, y por eso es necesario que se vean descalificadas en cualquier proceso de inversiones en el Estado peruano”, agregó.
Además, Valdés cuestionó que desde el Ejecutivo exista esa posición de no cortar las vinculaciones, pero enfatizó que estos comportamientos solo demuestran que existiría una influencia de Odebrecht y del ‘Club de la Construcción’ sobre el Gobierno, lo cual consideró que podría ser peligroso para el país.
“Esto nos permite ver, de forma clara, el nivel de influencia que sigue teniendo Odebrecht en el Perú, sobre todo en el Poder Ejecutivo, el cual es el que ejecuta todas las obras y maneja todos los presupuestos. No solo eso, también demuestra la gran influencia que tiene el ‘Club de la Construcción’ en el Perú”, manifestó.
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Posición similar tuvo Marcos Ibazeta, expresidente de la Corte Superior de Lima, quien aseguró que el Ejecutivo no tomará medidas para evitar las contrataciones con estas empresas, pero sí podría hacerlo el nuevo Congreso.
“Yo no encuentro solución dentro del marco jurídico, la solución está dentro del marco político. Que el nuevo Congreso fiscalice y cumpla su función, porque se ha direccionado tanto el poder, que se está generando esta situación. No deben estar jugando a favorecer a esas empresas, y les vamos a dar más ganancia a los que nos han corrompido. Entre los corruptos se están disputando el poder, para ver quién persigue a quién”, expresó.
Asimismo, Ibazeta señaló que los hechos y actitudes mostradas por los representantes del Poder Ejecutivo confirman que desde el Gobierno existe una lucha contra la corrupción deficiente, que busca favorecer a quienes generaron perjuicios contra el país.
“Estamos ante un entreguismo absoluto, porque estaríamos manteniendo a empresas que nos han corrompido y robado, para que sigan obteniendo beneficios a costa nuestra. La dignidad está por los suelos, ya hace meses hemos visto que esas empresas administran la información que entregan a nuestros fiscales”, apuntó. Adicionalmente, el abogado no descartó que parte de este comportamiento del Ejecutivo, como las últimas declaraciones de Jorge Ramírez, sean parte de una estrategia del Gobierno para obtener información contra los opositores al Gobierno.
“Lo que dijo el procurador es una consecuencia, y la causa de esa consecuencia está en una direccionalidad con objetivo político, que sería manipular la información contra los contrarios, y guardar lo que los vincule a ellos”, advirtió.
BETETA: EL EJECUTIVO NO PUEDE DARLES OBRAS
Karina Beteta, vicepresidenta de la Comisión Permanente, consideró que una de las medidas que permitirían evitar que las empresas vinculadas a hechos de corrupción sigan contratando con el Estado, sería que el Gobierno permita el ingreso de nuevas compañías al mercado nacional, y que sean estas las que puedan realizar las obras públicas.
“Como ocurrió en el tema de los Panamericanos, creo que una solución sería el de buscar a empresas extranjeras, y con ello poder hacer los convenios de gobierno a gobierno, a efectos de poder luchar contra la corrupción (…). Esto va a garantizar que la obra se pueda ejecutar sin coimas, de buena calidad, de manera transparente. Ya hay en el mundo este tipo de experiencias, pero lamentablemente los gobiernos de turno no los implementan porque simplemente no les da la gana”, aseguró.
Además, indicó que si el Gobierno no toma medidas respecto a esta situación, el nuevo Congreso, el cual será elegido el 26 de enero, debería proponer medidas que permitan que se evite la relación con estas compañías; no obstante, consideró importante que si se presentan medidas de este tipo, se evite cuestionar a los legisladores que promuevan esas propuestas.
“Espero que sí [el nuevo Congreso podría dar leyes para esto], y habría que pedir a todos los medios que no satanicen si un congresista presenta un proyecto de esa naturaleza, o que no salgan los estudios jurídicos para asustar a los congresistas. Cuando se hizo el Decreto de Urgencia 003, propuse un proyecto para que las empresas involucradas en actos de corrupción no liciten más con el Estado peruano, pero dijeron que yo estaba generando inseguridad jurídica, y nadie lo respaldó”, recordó.
JORGE CASTRO: GOBIERNO APROVECHA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO
La facilidad que tiene el Poder Ejecutivo para realizar acciones que resultan favorables para las empresas, se debería a la falta de un Congreso que pueda fiscalizar las actitudes del Gobierno, indicó a EXPRESO el exvicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro.
“Cuando venga el nuevo Congreso, se podrán presentar leyes que permitan tener un mejor control de este tipo de medidas; sin embargo, esta situación que estamos viviendo, como el hecho de no querer cerrar la posibilidad de que estas empresas sigan contratando con el Estado, se debe a que no tenemos Parlamento. Pero lamentablemente eso será más adelante, porque al final esto era lo que quería el Gobierno, que no haya un Congreso que fiscalice, o peor, que más adelante tengamos un Poder Legislativo que aparentemente no va a fiscalizar”, advirtió.
Para Castro, una de las medidas que podrían regular este tipo de actitudes del Gobierno, es que algún representante de la Comisión Permanente, en representación del Legislativo, presente algún tipo de denuncia ante el Ministerio Público.
“Lo que se debería hacer en este momento es que intervenga la Comisión Permanente y presente la denuncia correspondiente, a nombre del Congreso. Podría ser una denuncia ante la Fiscalía, aunque podría ser archivado, pero la cosa es presentar esto. Este es un acto político que tienes que demostrar que nosotros no podemos estar de brazos cruzados en estos momentos”, aseveró.
Fuente Diario Expreso
