El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios reprogramó para el próximo 29 de setiembre del presente año, la audiencia de control de acusación contra el actual congresista electo por Piura, Wilmar Alberto Elera García, por los presuntos delitos de colusión agravada y falsedad ideológica.
Acusación
Esto en relación a su labor como supervisor de la obra de rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado, valorizado en cerca de 18 millones de soles, en el distrito de La Unión, en el bajo Piura.
Por este caso, la fiscalía ha solicitado 10 años y seis meses de prisión para el recién elegido congresista de la república, como presunto cómplice primario en el delito de colusión agravada, y otros 4 años y seis meses por el delito de falsedad ideológica.
Junto a Elera también son investigados el exalcalde de La Unión, Vicente Seminario Silva; el exgerente municipal, Ruperto Chávez Vílchez; el representante legal del consorcio La Unión, Piero Gianfranco Valenzuela Aylas; siete ex regidores de la comuna distrital, entre otros exfuncionarios.
En la acusación fiscal a Elera se le imputa que dio trámite al pago de valorizaciones de obra por trabajos no ejecutados, en diciembre del año 2011.
Es el caso de la valorización N°1 por más de S/ 5 millones por un supuesto avance del 29.83 % de los trabajos, pero en realidad sólo se había ejecutado el 1.47%. Por tan poco avance solo se debía pagar 267 mil soles, pero se hizo la simulación de ejecución de metrados y se desembolsó S/ 5′ 255,000.00, es decir, cerca de 20 veces más de lo que correspondía.
“Dicho avance consignado en esta primera valorización no existía, situación que era de fácil comprobación si se hubieran adoptado mínimamente las providencias del caso, como lo era de realizar una verificación in situ, la cual no se hizo, y/o la revisión del cuaderno de obra, donde se podía advertir que el terreno en donde se ejecutaba la obra recién fue entregado el 07 de diciembre del 2011, siendo que los trabajos de campo recién se iniciaron el 12 de diciembre del 2011”, se lee en la acusación fiscal.
La fiscalía agrega que Elera junto al supervisor encargado, Zenon Burga Carranza, firman el informe N°03-2012-MDLU-WAEG, que dirigen al ex alcalde de La Unión, Vicente Seminario, recomendando dar trámite a la valorización N° 01 por la suma total de S/ 5, 255,000.00, equivalente al 29.83 %.
Con respecto a la acusación contra al ex alcalde de La Unión, Vicente Seminario, la fiscalía afirma que como titular del pliego presupuestal y la autoridad administrativa más alta de la comuna no debió permitir la cancelación de los más de S/5 millones, por concepto de avance de obra, sin realizar u ordenar una verificación.
“El investigado no habría cumplido de manera cabal sus funciones, referidas a la supervisión del buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de las obras”, agrega la acusación fiscal.
En relación al delito de falsedad ideológica que se le imputa al actual congresista, Wilmar Elera y a otros investigados, la fiscalía afirma que de manera coordinada habrían falsificado el contenido de las valorizaciones, las mismas que conforme a la cláusula sexta del contrato de obra, son declaraciones juradas, sobre las cuales se iba a ejecutar el pago de los trabajos; pues en ellas se consignan unos pagos inexistentes, y la comuna ha realizado el pago de las mismas.
Ejecución
Al respecto, el representante de la Sociedad Civil Organizada de La Unión, Carlos Pingo, cuestionó que después de varios años recién se judicialice el caso, mientras que más de 12 mil pobladores no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado y viven alrededor o con las aguas servidas en el interior de sus domicilios porque no se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
“Me parece descabellado y desatinado que recién se torne este tema ya judicial y más profundo. Esperamos que el ingeniero Wilmar Elera no utilice la inmunidad parlamentaria y responda ante estos actos. Durante todas sus campañas aseguró que no tiene nada que ver con la obra de La Unión, sin embargo los documentos, costos y todas las problemáticas que existen es porque no hubo una supervisión eficiente, donde él representaba la supervisión indistintamente al ingeniero que haya colocado, su nombre figura como ganador”, precisó Pingo.
Enfatizó que actualmente de los 24 mil habitantes del casco urbano, cerca de 12 mil pobladores no cuentan con los servicios básicos de agua y alcantarillado.
“Las familias podrán tener las conexiones, cajas, pero la fuerza y presión de agua no llega a diversos puntos. Las redes están en un laberinto por las diferentes conexiones realizadas por parte de la municipalidad y de la empresa que ejecuta el proyecto”, explicó el dirigente de La Unión.
Recordó que la obra ha tenido diversas paralizaciones desde el 2013 por pagos adicionales no conformes al avance físico. En el 2018 la obra pasó a manos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del programa Nacional de Saneamiento Urbano y se paralizó el 31 de enero del 2020 supuestamente por la falta de saneamiento físico legal de los componentes, pero además hubo falta de presupuesto, cancelación de partidas mal ejecutadas y otros aspectos.
El dirigente agregó que tras el paro indefinido que realizaron los pobladores de La Unión, recién el Ministerio de Vivienda destinó el presupuesto para que la obra continúe y se concluya.
Fuente Diario Correo
