Piura. Treinta personas fueron citadas por presunta corrupción en la compra y distribución de las canastas de alimentos durante el estado de emergencia por la COVID-19 en el distrito Veintiséis de Octubre. El exalcalde Darwin García y demás funcionarios podrían ser sentenciados a más de seis años de cárcel.
Según la disposición fiscal n.° 009-2021-MP-FN-FDCEDCF-Piura se realizarán las “diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, las testimoniales programadas estarán referidas a la participación que hubieran tenido en el proceso de adquisición de las canastas básico familiares”.
Acusados
El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitió este documento, en el que se cita a Edwin Guevara Arévalo, Edwin Chinchay Falconi, Omer Peralta Gutiérrez, Sabrina Acuña Albornoz, Julio Mario Panta Mendoza, Eswin Richard Ramírez Parker, Orestes Alfonso Vignolo Tejada, Ernesto Albán, Brenda Paola Farfán Adriano.
También han sido citados por el despacho del fiscal anticorrupción Wilson Aliaga Angulo: Edgar Alberto Guaylupo Rosas, Keelman Hernán Saavedra Vidangos, Pablo Coarite Apaza, Carlos Cruz Castillo, Danny Saavedra García, Ricardo Salvador Guerrero, Analy Aguilar Silva, Carlos Galarreta Grillo, Pedro Ruíz Ramaicuna.
Asimismo, al personal de Seguridad Ciudadana: Rony Castro Cáceres, Jean Pierre Cevallos Delgado, Edgar Coveñas Morillo, Percy Cueva Inga, Edwin Imán Tocto, Moisés Purizaca Gallo, Jhonny Sandoval Rosales. De igual forma, el perito contable Jesús Guerrero Meza, entre otros, mismos que deberán rendir su manifestación durante el mes de mayo.
Prisión preventiva
La investigación a cargo del fiscal Ricardo Ipenza Peralta puso al exalcalde Darwin García y otros exfuncionarios tras las rejas por un mandado de prisión preventiva; sin embargo, tras tres meses salió en libertad bajo normas de conducta. Entre ellas, quedó impedido de regresar al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre.
La acusación del Ministerio Público es por los delitos de colusión agravada en agravio de la citada entidad edil y en caso de comprobarse la comisión de este ilícito, los involucrados podrían ser condenadas a seis años de cárcel.
Fuente La República
