La Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en veintiún obras que fueron ejecutadas por el Gobierno Regional de Piura y diez municipios. También detectó anomalías en procesos llevados a cabo por la Empresa Prestadora de Saneamiento (EPS) Grau y la Universidad Nacional de Piura (UNP). En total se habría causado un perjuicio económico de S/69’775,961.
LAS OBRAS. De acuerdo al Informe de auditoría N° 353-2016-CG/COREPI-AC, el Gobierno Regional de Piura habría cometido irregularidades durante el proceso de arbitraje de la obra de “Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en Los Tablazos, distrito de La Unión, causando un perjuicio económico al Estado de S/4’231,980.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca habría sido la segunda entidad que causó mayor perjuicio al Estado, a través de procesos irregulares en las obras de “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento de la construcción de reservorio 550”, “Mejoramiento del camino vecinal El Coco – Sausal”, “Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. 20640”, entre otros.
El documento también indica que la EPS Grau habría favorecido a dos consorcios con el otorgamiento de la buena pro para la “Limpieza y desarenado de cámaras de bombeo de aguas servidas” y “Mantenimiento de agua potable”. Mientras que la UNP habría cometido irregularidades en la contratación de un consorcio para la “Habilitación de ambientes prefabricados para la I.E. Carlota Ramos”.
Las municipalidades provinciales de Piura, Sullana, Morropón- Chulucanas, y las comunas distritales de Morropón, Tambogrande, Máncora, San Juan de Bigote, Catacaos, Los Órganos también habrían cometido irregularidades, en su gran mayoría relacionadas con proyectos de saneamiento, mejoramiento de infraestructuras educativas y mantenimiento de vías.
INVESTIGADAS. Solo hasta octubre del 2016, la Contraloría ha realizado 76 auditorías y ha identificado a 61 responsabilidades penales en las provincias de Piura, Sullana y Talara. Mientras que en el 2015 se hallaron 409 responsabilidades penales entre Piura (248), Sullana (3), Ayabaca (132) y Morropón (32).
En cuanto a responsabilidades civiles, en lo que va de este año la Contraloría determinó 42 responsabilidades civiles que involucran a 36 funcionarios. Mientras que en el 2015 detectó 126 responsabilidades civiles que involucraban a 81 funcionarios.
De acuerdo al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), desde el 2013 a agosto del 2016, unos 16 funcionarios han sido sancionados en primera instancia, otros 170 están siendo procesados y a 140 empleados públicos aún no se les ha iniciado proceso de investigación. La mayoría pertenece a las municipalidades de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
Fuente Diario Correo
