El Gobierno Regional permitió que un funcionario sentenciado por corrupción e inhabilitado para laborar en el Estado, siga en su puesto de jefe de Abastecimiento del proyecto Alto Piura, desde el cual era parte del comité de selección que adjudicó obras a empresas cuestionadas.
Se trata del exjefe de Abastecimiento de la citada unidad ejecutora, Richard Idelso Tapia Sánchez, quien recibió una sentencia por negociación incompatible en la Corte de Justicia del Santa.
En agosto del 2021, el Sexto Juzgado Unipersonal de dicha sede declaró ejecutoriada la sentencia y dispuso dar cuenta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Es así que el 01 de octubre del 2021, Servir notifica la sanción al funcionario, por lo que quedó inhabilitado por cinco años.
Pese a esta sanción, Richard Tapia continuó en el cargo y fue parte, como miembro titular, de los comités de selección de empresas para obras y servicios.
Al respecto, la especialista en contrataciones, Claudia Cabanillas, indicó que este hecho (la inhabilitación) sería motivo de nulidad, porque la conformación del comité estaría viciada.
“Sin embargo, por el principio de preservación del contrato público, podrían ratificar lo actuado”, recalcó.
Empresas
Antes de su renuncia en diciembre pasado, Tapia Sánchez integró el comité especial de ocho procesos que sumaron más de S/36 millones.
El proceso más grande fue la adjudicación de la construcción del reservorio de Cascapampa por S/25 millones, el cual se suspendió.
Sancionadas
En la relación de proveedores elegidos por el comité especial que integró Tapia también se encuentran empresas cuestionadas.
Es el caso del proveedor Franklin Ricardo Chero Olivos quien registró una sanción de tres años (hasta setiembre del 2020) por presentar documentos falsos.
Este proveedor fue parte del consorcio que ganó el proyecto de elaboración del perfil para el Mejoramiento del servicio de provisión de agua para el sistema de riesgo del subsector Sancor por más de 963 mil soles en noviembre. El comité, integrado por Tapia, le dio la buena pro.
El mismo comité adjudicó el servicio de mantenimiento y puesta en operación del servicio eléctrico para la línea de subtransmisión de 22,9 Kv (Loma Larga) por 4 millones.
En el consorcio participó Constructora Marve SAC. Según el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, la empresa presenta indicios de impedimento para contratar para el Estado. Esto debido a que sus representantes tendrían un vínculo con un familiar que trabaja para el Estado.
“Se recomienda a la entidad contratante que en el caso verifique si el proveedor se encuentra impedido de contratar para el Estado, pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello”, refiere la alerta de OSCE.
Fuente El Tiempo
