El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con facultad investigadora, que recomienda formular acusación constitucional y remitir el informe final a la Fiscalía de la Nación, contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, la exministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi y María Elizabeth Hinostroza Pereyra, exministra de Salud.
La votación de la representación nacional fue de 102 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones.
Según el informe, se formula acusación constitucional contra el expresidente de la República, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, contra la exministra de Economía María Antonieta Alva Luperdi y María Elizabeth Hinostroza Pereyra en calidad de exministra de Salud, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, en agravio del Estado peruano, ilícito penal tipificado en el artículo 384″ del Código Penal.
Sobre el caso de negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas contra la COVID-19, el informe recomienda remitir el resultados de las indagaciones obtenidas, a la Fiscalía de la Nación, a fin de que promueva o continúe las investigaciones preliminares contra Martín Vizcarra Cornejo, en su calidad de expresidente de la República, Pilar Elena Mazzetti Soler, en su calidad de exministra de Salud y Esther Elizabeth Astete Rodríguez, en su calidad de exministra de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Sobre la adquisición y suministro de oxígeno medicinal, recomienda que se modifique la ley N° 26842, Ley General de Salud, a efectos de que el procedimiento de otorgamiento del registro sanitario, para efectos de su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio, esté sustentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En relación a la adquisición de estructura metálica y equipamiento para el sector salud, recomienda al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) implementar directivas y/o plataformas que coadyuven a los funcionarios públicos a una mejor toma de decisiones en la selección de proveedores en caso de «situación de emergencia» comprendidos en los procesos de contratación directa-artículo 1000 del TUG de la Ley de Contrataciones del Estado.
El congresista Héctor Ventura Ángel (FP) presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, aclaró que su grupo de trabajó en base a sus atribuciones y funciones dadas por el Pleno, realizó actos de indagación y actos previos a la investigación. «Que quede claro que nosotros no adelantamos opinión y resoluciones responsabilizando hechos penales o temas constitucionales, sino hacemos una investigación que deriva de un informe final que se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ministerio Público, para que continúen con las investigaciones penales, si habría responsabilidad», dijo.
Respecto al informe, acotó que la escala y la complejidad en el desarrollo de la investigación sobre las líneas de investigación se encontrarían implicados diferentes altos funcionarios del aparato estatal, por presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la contratación pública y otros.
«La presente Investigación ha indagado exhaustivamente con una visión basada en la casuística constitucional, administrativa, penal y procesal penal reciente en hechos de presuntas comisiones de delitos de corrupción e infracciones constitucionales de funcionarios y servidores públicos en el aparato estatal», señaló.
Durante el debate, el congresista Enrique Wong Pujada (PP) indicó que se ha corroborado un delito muy grave en la compra de las vacunas. Alex Flores Ramírez (PL) indicó que el informe debe llamar a la reflexión y propuso que debe haber un modelo de salud pública.
El congresista Jorge Bustamante Donayre (FP) indicó que el informe es bueno y felicitó que la propuesta pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La legisladora Kelly Portalatino Ávalos (PL) expresó que se deben mejorar las políticas de salud para beneficio de las familias. Su colega de bancada Américo Gonza Castillo señaló que el informe hace ver la realidad de la corrupción en el gobierno de Vizcarra.
El legislador Jorge Montoya Manrique (RP) sostuvo que en el gobierno de Vizcarra hubo una corrupción de alto nivel y que su responsabilidad debe ser castigada por la justicia.
El legislador Elías Varas Meléndez (PB) afirmó que el sistema de salud del Perú no es el adecuado. Alejandro Muñante Barrios (RP) indicó que el gobierno de Vizcarra fue nefasto. El legislador Diego Bazán Calderón, de Avanza País, manifestó que los responsables deben ser castigos con el peso de ley.
Fuente Congreso de la República – Oficina de Comunicaciones
