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Proponen sanción leve para general Julio Díaz

Proponen sanción leve para general Julio Díaz

El general PNP Julio Díaz Zulueta, separado de su cargo como jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque tras ser incluido en una investigación por presunta corrupción, solo recibiría una suspensión de entre 6 a 10 días como sanción de rigor.

Es la propuesta que alcanzó la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior (Mininter), la cual está a poco de culminar un procedimiento administrativo sancionador contra Díaz, de igual forma contra otros seis policías, 4 oficiales y 2 suboficiales.

En el caso del general, la Oficina de Investigación le atribuye haber “fracasado en el cumplimiento de su misión”, “incumplir responsabilidad funcional” y “participar en actos que denigren la imagen institucional”.

El 10 de junio pasado, el abogado del investigado fue notificado para hacer sus descargos. También están sometidos a un proceso disciplinario, el coronel Apolinar Díaz Linares, el comandante Marcel Carbajal Tarazona, el capitán Henry Alarcón Vásquez, el brigadier Eduardo Fuentes Carmona, el suboficial de primera PNP Dali Guerrero Quiñonez, y el suboficial de tercera PNP Jean Yampufé Sánchez.

COMPRAS. Esta medida se ejecuta a raíz de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició contra la Policía de Lambayeque, por la compra de alcohol en gel y mascarillas de mala calidad, a precios sobrevalorados y a proveedores que no tenían experiencia en el rubro.

Incluso un peritaje del Ministerio Público determinó que el alcohol no era apto para proteger a los agentes que saldrían a patrullar las calles en pleno estado de emergencia para controlar el avance del Covid-19.

Además, una acción de control reveló que para la contratación directa n° 02-2020-UE 028 II Dirtepol Chiclayo, los integrantes del órgano encargado de las contrataciones no consideraron en las bases administrativas las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, otorgándose la buena pro del alcohol en gel antibacterial para manos a la empresa Inversiones CEAR SAC, que no fue constituida para la venta y distribución de productos de desinfección.

Antes de terminar marzo, este proveedor entregó 5 mil frascos de alcohol a la institución policial; pero funcionarios le indicaron a los representantes de Inversiones CEAR que debían cambiar el producto debido a la falta de registro sanitario y a que la Dirección Ejecutiva de Medicamentos e Insumos (DIREMID) había detectado que el alcohol era falsificado y no recomendable.

Sin embargo, era muy tarde pues la Policía Nacional había desembolsado más de S/ 125 mil por los bienes.

IMPLICADOS. Respecto a los demás involucrados, el órgano de investigación señala que el comandante Marcel Carbajal incurrió en 4 infracciones tipificadas por el Régimen Disciplinario, siendo las más graves la de “procurar o aceptar beneficio económico para sí que comprende una sanción de pase al retiro”, y por “direccionar la adquisición de bienes” la sanción será de 1 a 2 años de disponibilidad.

Similar situación a la de su colega, la del coronel Apolinar Díaz, quien podría pasar al retiro o ser suspendido de 1a 2 años, según los cargos más graves.

Mientras que el capitán Henry Alarcón afronta dos infracciones, por haber “denigrado la autoridad de la Policía Nacional” (2 a 6 días) e “incumplir los procedimientos administrativos” (11 a 15 días), ambas sanciones de rigor.

Y para el brigadier Eduardo Fuentes la sanción que podría alcanzarlo es de 2 a 6 días de suspensión por haber realizado “actividades que denigran la autoridad policial”.

A través de su investigación penal, el fiscal José Guevara Gilarmas, estableció que los denunciados, solo se basaron en la cotización presentada por Inversiones CEAR, representada por Genoveva Luna Rojas, para establecer el costo del desinfectante.

En la revisión de los antecedentes de Luna, también se verificó que es esposa del comandante de la Comisaría Sectorial de Lambayeque, Edwar Santillán Hidalgo. La ley de Contrataciones del Estado sanciona este tipo de prácticas.

La fiscalía ha formalizado la investigación contra los policías implicados y el proveedor por el delito de colusión agravada.

Fuente Diario Correo

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