La Corte Suprema de Justicia de Lima, a través de la Sala Penal Permanente, el próximo 28 de junio, resolverá el recurso de casación interpuesto por la defensa del ex gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Cachiche en Ica, tras la sentencia de cinco años de prisión por la compra irregular de maquinarias valorizada en más de 20 millones de soles.
CASO MAQUINARIAS
Como se recuerda, el 18 de noviembre de 2015, la Sala de Apelaciones de Ica ratificó la condena de 5 años de prisión efectiva contra Wilfredo Oscorima Núñez, por el delito de negociación incompatible, junto a otros funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA).
El ex gobernador fue sentenciado por el delito contra la administración pública en la modalidad de negocio incompatible y aprovechamiento del cargo. El hecho se produjo el año 2011, cuando el entonces presidente regional Wilfredo Oscorima, con autorización del Consejo Regional, ordenó la compra de maquinarias y vehículos vía exoneración por causal de emergencia, pese a que no existía esa situación que permite obviar una licitación pública, lo que ocasionó al Estado un perjuicio económico por 1 millón 309 mil nuevos soles.
La Contraloría señaló que en este caso se dio una irregular exoneración del proceso de selección que canceló una licitación pública que estaba en marcha y pese a las recomendaciones, Oscorima y sus funcionarios hicieron caso omiso al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que pidió dejar sin efecto la exoneración o aplicarse la nulidad del contrato, poniendo en manifiesto la intención de los funcionarios y servidores de favorecer indebidamente a los proveedores beneficiados directamente con la adquisición.
El pasado 14 de junio, la Sala Penal Permanente, desarrolló la audiencia para la ‘vista de causa’, donde la defensa de Oscorima aseguró que hubo irregularidades en el proceso judicial, debido a que no se consideraron algunas pruebas. Por más de una hora, la defensa del ex gobernador Regional, presentó los alegatos a los once magistrados.
En esta audiencia se determinó, el plazo de 10 días hábiles para que los vocales de la Sala Penal Permanente, tome una determinación y realice la votación respectiva.
Asimismo, se conoció que los vocales que declararon fundado la solicitud de transferencia el proceso judicial a la región de Ica y, en marzo del 2015 se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de funcionarios de Ayacucho, están cuestionados.
Los magistrados son: Javier Villa Stein, Neyra Flores y Pariona Pastrana.
MAGISTRADOS CUESTIONADOS
Estos tres magistrados, estarían implicados en algunos hechos como por ejemplo, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, ha asesorado a funcionarios del fujimorismo acusados de actos de corrupción. Sin embargo, también se le cuestionaría su fortuna, la misma que habría quintuplicado en los 12 años como vocal supremo. De acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, se ha informado que posee bienes y ahorros bancarios que bordean los S/. 2 millones. Actualmente estaría cuestionado por haber realizado contrataciones con el Estado, a través de su empresa Servicios Turísticos Morgavi SAC u Hotel San Isidro, aparentemente por un monto total de 116 mil soles.
Ante estos hechos, Villa Stein señaló en algunos medios de comunicación, en marzo de este año, “Quien maneja el negocio es mi esposa (…) Estoy dispuesto a asumir las consecuencias”.
Por su parte, el magistrado Neyra Flores habría sido vinculado con la red judicial de Montesinos. El diario la República, mencionó que a fines de 1997, Neyra fue uno de los vocales elegidos a dedo por la desaparecida Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que dirigía el comandante José Dellepiane, para presidir la Corte del Cono Norte de Lima, entre 1998 y el 2000. Esa es la misma comisión que designó a los jueces que utilizó Montesinos para ayudar a Lucchetti.
Mientras que Josúe Pariona Pastrana, fue cuestionado por haberse inhibido en el pedido de extradición de Martín Belaunde Lossio. Según fuentes judiciales, Javier Villa Stein y Josúe Pariona, habrían tomado dicha decisión a fin de no entorpecer el proceso debido a que los dos ya habían adelantado una posición respecto a la denegación de la extradición.
Fuente Jornada
