La congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien se encuentra desde hace más de cuatro meses en Estados Unidos, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo la prohibición de los gastos superfluos e innecesarios en las instituciones del Estado con la finalidad de lograr la eficiente administración de los recursos públicos.
Sobre el ámbito de aplicación, se indica que estarán sujetas las entidades del gobierno nacional, regional y local, además de las empresas comprendidas dentro del régimen del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y las dependientes de los autoridades regionales y locales.
¿QUÉ GASTOS ESTÁN PROHIBIDOS?
La propuesta indica la prohibición en gastos para la construcción de una infraestructura para colocar placas que reseñe el inicio de obra, entrega, inauguración o puesta en servicio de una misma obra pública.
También los gastos para dar publicidad a la ejecución de obras públicas, reemplazo de colores institucionales en los bienes muebles e inmuebles con los colores de las organizaciones políticas, así como comprar cualquier tipo de merchandising o souvenir, salvo para la promoción comercial y turística por parte de la entidad que tiene atribuida dicha función o competencia.
“Adquirir mobiliario, útiles y accesorios de escritorio fuera de los criterios de elegibilidad que establezca el reglamento, arreglos florales e impresión de memorias institucionales”, se acota.
En la exposición de motivos se indica que existe una ineficiencia e ineficacia del gasto público generado como consecuencia del uso de recursos en actividades que no generan ningún aporte o beneficio colectivo, lo cual, es producto de la falta de prohibiciones expresas de actividades que son públicas e innecesarias.
“Del mismo modo, se advierte como problemática la falta de acciones correctivas luego de la identificación de las barreras que impiden no solo la calidad en el gasto público, sino el logro de la eficacia y la eficiencia en el gasto (…) potencia indirectamente el endeudamiento del Estado y la presión tributaria hacia los contribuyentes”, acotan.
Fuente Diario Correo
