El excotizador del Gobierno Regional de Puno, Gilber Roque Salazar, aceptó que falsificó documentos para que sus familiares sean proveedores de la entidad regional.
Reconoció su delito tras acogerse a la “terminación anticipada”. A esta figura jurídica, se someten quienes aceptan los hechos que le imputa el Ministerio Público, con el objetivo de que se le reduzca la pena. Roque espera conseguir una pena suspendida de tres años.
Él trabajaba como asistente de la obra ‘Ampliación y mejoramiento del Instituto Superior Tecnológico de Yunguyo’. Sin embargo, por un tiempo determinado, le dieron el encargo de cotizar materiales para el proyecto con la autorización de la oficina de abastecimiento del Gobierno Regional. Aprovechó la oportunidad para falsificar cotizaciones y direccionar procesos para beneficiar a su hermana, cuñado y concuñada como proveedores de la actual administración regional.
Su hermana, Julia Roque Salazar, proveyó brochas, sogas, entre otros bienes por 29 651 soles. Supuestamente, ofreció menores costos. Pero, en realidad, Gilber Roque presentó otras dos cotizaciones falsas para direccionar a favor de su hermana.
El cuñado de Roque Salazar, Edgar Curro Barraza, también se benefició. En un primer momento, proveyó calaminas por 8 715 soles y, posteriormente, bienes por 28 720 soles. Margarita Curro, hermana de Edgar, también ganó una licitación por 29 756 soles. Todos ganaron bajo el mismo método. Se beneficiaron con cotizaciones falsas fabricadas por Gilber Roque.
NUEVO DELITO
La terminación anticipada aún no fue aprobada por la jueza María Candelaria Morales Segura. La magistrada, por el contrario, ordenó una pericia para determinar si hubo perjuicio al Estado. Si se determina que el Estado fue perjudicado, se variaría el tipo penal de ‘negociación incompatible’ por ‘colusión agravada’.
Según fuentes de abastecimiento del Gobierno Regional, los precios que les pagaron a los familiares de Roque eran elevados en comparación al costo promedio del mercado. La pericia se debe conocer en un mes aproximadamente. Si es adversa al procesado, se pedirá prisión efectiva.
Fuente La República
