El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos tiene una investigación en curso en la Fiscalía Anticorrupción de Puno; sin embargo, ahora estará al frente de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Su designación en el cargo se oficializó mediante Resolución Suprema Nº 024-2022-IN de fecha 8 febrero de 2022. Paradójicamente, Adolfo Valverde dirigirá una unidad nacional que se encarga de investigar y detener la investigación por diversos delitos contra la administración pública a nivel nacional.
Adolfo Gregorio Valverde fue jefe de la X Macro Región Policial de Puno de enero hasta la primera semana de mayo de 2020. Durante la pandemia su administración compró Equipos de Protección Personal (EPP) a precios por encima del costo promedio de mercado. Por ejemplo, se pagó S/ 35.00 por cada unidad de frascos de alcohol cuando su precio es S/ 7.00. El sobre precio también afectó a la compra de guantes, barbijos, alcohol en gel, papel higiénico, entre otros. En total, se invirtió 711.800 soles.
Según fuentes del Ministerio Público en Puno, lo más reciente de la investigación es que, según peritajes, se habrían adquirido productos de mala calidad que no eran útiles para la emergencia sanitaria que vivía el país durante la primera ola. De esta manera, se puso en riesgo a los agentes que patrullan las calles.
Hasta el momento, se habría acreditado que la cotización se hizo por correo electrónico y los representantes de las empresas postoras estaban vinculadas familiarmente entre sí y desde hace años eran proveedores exclusivos de la Policía Nacional.
El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos aprobó las compras el sábado 28 de marzo de 2020. No obstante, los proveedores ya habían enviado su cotización vía correo electrónico el 25 de marzo.
No solo Valverde está comprendido en el caso. También están involucrado el entonces jefe de logística de Puno, el mayor PNP Manuel Rojas Ordoñez, y la suboficial de tercera Sheny Quispe Borda. Manuel Rojas fue quien habría dirigido las compras cuestionadas.
En la Fiscalía el caso sigue en curso. Sin embargo, los implicados quedaron libres de responsabilidad administrativa, según establece la Resolución 10-2021, de fecha 28 de marzo de 2021, firmado por Roy William Ugaz Suárez, inspector general de la Policía Nacional. La investigación a nivel policial demoró 10 meses.
Tras el escándalo, Adolfo Gregorio Valverde fue reemplazo por el general Marco Lara. El Ministerio del Interior lo presentó como intachable. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Castillo, en diciembre de 2021, lo pasó al retiro.
Fuente La República
