Arequipa. El exalcalde distrital de Quechualla José Guillermo Segovia Pérez fue sentenciado como autor del delito contra la administración pública, peculado doloso. La Fiscalía Provincial Mixta de la Unión le imputó el pago a una empresa por un trabajo no realizado cuando era burgomaestre.
Igualmente, fueron condenados Rosemary Ludeña Paredes en calidad de autora, cuando era tesorera de la municipalidad y al contratista Juan Pilco Cruz como cómplice. Todos recibieron cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta.
La fiscal provincial Elsa Mirian Aparicio Mora acreditó en juicio la responsabilidad penal y civil de los tres procesados. El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial Especializado impuso la sentencia y el pago de una reparación civil de S/ 42.478 a favor de la comuna de Quechualla, en forma solidaria.
Según la investigación, en el 2009, el municipio suscribió un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para la ejecución de la obra de construcción de acceso vial hacia los atractivos turísticos de Quechualla; por ello, se le entregó la suma de S/ 570.000. De dicho monto, S/ 52.478 fueron destinados para el pago por el servicio de voladura de roca a la empresa Perforaciones y Construcciones Jumbo E. I. R. L.
Conforme al Informe Especial hecho por el Órgano Regional de Control Institucional del GRA, se efectuó el contrato con la mencionada firma y los desembolsos mediante seis comprobantes de pago, dispuestos por el alcalde José Segovia y visados por la tesorera Rosemary Ludeña, quien, además, cobró el dinero.
En el caso del imputado Juan Pilco Cruz, gerente general de la empresa, firmó el contrato con el municipio y emitió facturas para los pagos respectivos. Incluso, posteriormente para justificar el uso de los recursos, participaron en la simulación de un proceso de adjudicación directa.
Según la Fiscalía, del cuaderno de obra, informes de residente y entrevistas, se corroboró que los trabajos de voladura fueron realizados por personal, maquinaria y equipos de la comuna distrital y no de la empresa contratada, por lo que se generó un perjuicio económico a la institución de S/ 52.478.
Fuente La República
