Por deficiencias técnicas, incumplimiento de contrato, y arbitrajes, el 67% de 867 obras públicas en el país están paralizadas o abandonadas. El Ejecutivo se dispone a emitir un Decreto de Urgencia, elaborado a propuesta de la Contraloría General de la República, para reactivar la ejecución de los proyectos que comprometen la friolera de 16 mil 870 millones de soles.
Son más de 6 mil obras sin terminar en todo el país, según la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría.
El Decreto Urgencia tendrá un efecto determinante en especial sobre las obras a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), que enfrenta serias dificultades para cumplir con las metas de rehabilitación de las regiones y localidades afectadas por El Niño costero del 2017.
De acuerdo con cifras de la propia entidad, a setiembre de este año se han transferido 9 mil 140 millones de soles, de los que se han ejecutado nada más que 995 millones, lo que representa un poco más del 10 por ciento.
El Decreto de Urgencia está destinado a reactivar los proyectos que tienen un avance igual o mayor al 50%, con las siguientes características: provengan de un contrato vigente y no registra ninguna actividad desde hace más de 3 meses; la paralización deriva de situaciones de controversias, deficiencias en el expediente técnico, episodios imprevisibles ocurridos luego de suscrito el contrato, o por abandono, entre otros criterios.
Las entidades –organismos públicos, gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales, etc.– deberán entregar un informe del estado situacional de las obras paralizadas y de la prioridad de ejecución de las mismas.
Una vez que se ha definido la lista de obras públicas paralizadas y priorizadas, la entidad tiene la responsabilidad de plantear al contratista la continuidad de la realización del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales; o, resolver el contrato si no se arriba a ningún acuerdo, e iniciar acciones para la continuación de la obra conforme la Ley de Contrataciones del Estado. Para este fin, el organismo está facultado a convocar a los postores que participaron en la licitación para que completen el saldo de la obra.
“La iniciativa de reactivar obras paralizadas o inconclusas permitirá que los ejecutores públicos puedan concretar aquellas obras que la ciudadanía exige estén concluidas para mejorar y garantizar la calidad de vida de los pobladores a través de servicios públicos tan esenciales como la educación, salud, vivienda, transportes, entre otros”, explicaron fuentes de la Contraloría: “Esta medida tendrá su principal impacto al interior del país.
Según el último registro de obras paralizadas, 99 se ubican en Áncash; 75 en Lima; 63 en Cusco; 56 en Amazonas; 49 en Loreto; 47 en Piura; y 47 en Huancavelica; lo que significa que el impacto del Decreto de Urgencia será favorable especialmente a las poblaciones del interior del país.
Control previo de fusiones en otros países
- El secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Competencia del Indecopi, Jesús Espinoza, resaltó que en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hay control de concentraciones.
- “Porque se llegó al consenso de que es una herramienta efectiva para preservar las condiciones de competencia en el mercado. No basta con el control de conductas ni con estudios de mercado, hay que revisar las operaciones de toma de control de un competidor”, manifestó.
- Asimismo, países sudamericanos como Brasil, Argentina, Colombia y Chile ya cuentan con régimen de control de concentraciones empresariales.
Claves
- Presupuesto. Indecopi destinaría S/12 millones al año. Contrataría entre 30 y 35 funcionarios nuevos que se encarguen exclusivamente de atender los controles previos de fusiones. Se estima que en los primeros años se presenten entre 10 y 15 solicitudes anuales.
Fuente La República
