La Ley de Endeudamiento para el 2025 ha introducido importantes modificaciones a la Ley General de Contrataciones Públicas, entre las que destaca una medida destinada a beneficiar a las micro y pequeñas empresas (MYPES). Los costos para que estas empresas presenten apelaciones ante el Tribunal de Contrataciones del Estado serán significativamente menores, una iniciativa que busca fomentar su participación en los procesos de obras públicas.
La Décimo Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la La Ley de Endeudamiento para el 2025 establece lo siguiente:
“DÉCIMO SEXTA. Modifica el numeral 2 del artículo 73 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas
Se modifica el numeral 2 del artículo 73 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los siguientes términos:
73.2 La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del OECE, según corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. En el caso de las micro y pequeñas empresas, el monto de la garantía es del 0.5% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar hasta el límite de veinticinco (25) UIT vigentes al momento de interponer el recurso de apelación.”
Facilitando la participación de las MYPES
Las MYPES representan un componente clave en la economía nacional, contribuyendo con la generación de empleo y el desarrollo económico local. No obstante, su acceso al mercado de contrataciones públicas se ha visto limitado por diversos factores, entre ellos los elevados costos asociados a la defensa de sus derechos en procesos de contratación.
Con esta nueva medida, el Estado busca derribar estas barreras económicas, ofreciendo a las MYPES una mayor posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Esto no solo les permitirá proteger sus intereses, sino también contribuirá a una mayor pluralidad y transparencia en los procesos de contratación.
Un reglamento en espera
Aunque la Ley de Endeudamiento ya está aprobada, la implementación de esta disposición está sujeta a la publicación del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este reglamento definirá los detalles operativos y los procedimientos necesarios para que las nuevas disposiciones entren en pleno funcionamiento.
Especialistas en contrataciones destacan la necesidad de que el reglamento sea claro y expedito, permitiendo así que los beneficios alcanzados por esta norma se traduzcan en resultados concretos para las MYPES.
Un cambio con potencial transformador
La medida busca incentivar la participación de las MYPES en el ámbito de las obras públicas, ampliando el abanico de proveedores y promoviendo una competencia más justa. Además, este cambio podría generar un impacto positivo en la calidad y diversidad de las propuestas presentadas al Estado.
Pese a las expectativas, algunos gremios del sector señalan que la eficacia de esta iniciativa dependerá de la pronta emisión del reglamento y de la transparencia en su aplicación.
Esta reducción de los costos para apelaciones ante el OSCE es una medida que promete abrir nuevas oportunidades para las MYPES en el mercado público. El foco ahora está en el MEF, cuya responsabilidad será garantizar que el reglamento traduzca esta promesa en beneficios tangibles para miles de pequeñas empresas.
Fuente Licita Fácil
