El Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa proveedora Caddin por haber fraguado documentos con la finalidad de obtener la buena pro para la venta de 4 mil chalecos antibalas destinados a los efectivos de la Policía Nacional.
Uno de los fundamentos de la sanción de prohibición para contratar con el Estado durante 40 meses es que la irregularidad cometida por la firma peruana Caddin podría afectar la integridad de los efectivos policiales que son usuarios de los equipos.
La buena pro se otorgó a Caddin el 25 de setiembre del 2017 y el contrato con el Ministerio del Interior se suscribió el 26 de octubre del mismo año.
El caso se originó después de firmado el contrato, cuando el 4 de mayo del 2018 la empresa vendedora Caddin solicitó al Ministerio del Interior que extienda un Acta de Conformidad de los productos entregados, y suministró un Certificado de Laboratorio de la compañía SGS, fechado el 26 de diciembre del 2017, documento que acreditaba que se había cumplido con todos los requerimientos técnicos. Sin embargo, consultada la empresa SGS por el Ministerio del Interior, respondió que el certificado presentado por Caddin no era el original y carecía de todo valor. Además, contenía datos adulterados de algunas pruebas y había documentos que no provenían de SGS.
Según la versión del gerente general de Caddin, Alfonso Paredes Guerra, los documentos cuestionados no fueron parte del proceso de licitación ni de la evaluación técnica.
“Sucedió que recibimos un documento de la fábrica de los chalecos antibalas con la cual hicimos el contrato de suministro, que se presume que no es correcto y por eso estamos recibiendo una sanción administrativa”, explicó: “La propuesta que presentamos es 100 por ciento verdadera. Pero, como demoraron más de dos meses en pagarnos, presentamos un documento que nos envió la fábrica y no era exacto. Por eso, el tribunal, desde el punto de vista administrativo, nos sancionó. Pero la mercadería entregada es 100 por ciento perfecta”. Paredes anunció que presentará una apelación.
El Tribunal de Contrataciones del Estado destaca que funcionarios del Ministerio del Interior autorizaron el pago de 5,4 millones de soles a la empresa a Caddin, sin verificar el contenido que presentó la proveedora, por lo que ha trasladado el expediente del caso a la Contraloría General de la República para que esta proceda. Los actuados también serán remitidos a la Fiscalía Anticorrupción.
Enterado de la resolución del tribunal, el ministro del Interior, Carlos Morán Soto, requirió al comandante general de la PNP, José Lavalle Santa Cruz, un informe sobre las acciones que ha adoptado “para salvaguardar y garantizar (…) la provisión de bienes idóneos para el uso del personal policial”.
Además ordenó una investigación en Inspectoría y en la Dirección de Integridad del Ministerio del Interior. No se descarta que se retiren los chalecos antibalas en tanto no garanticen la seguridad de los efectivos policiales.
La compañía Caddin recibió una severa sanción por presentar documentos fraguados o inexactos para apurar que le paguen 5,4 millones de soles por 4 mil chalecos antibalas.
Fuente La República
