En todas las regiones, hay gobernadores y ex gobernadores imputados de corruptos en procesos de la Fiscalía y del Poder Judicial, según la Unidad de Análisis de Información de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Los alcaldes no se quedan atrás.
En todo el país esta entidad, a cargo del procurador Amado Enco, registra 35 mil 38 casos de corrupción hasta julio último. Están excluidos de este recuento los pagos indebidos de empresas brasileras, que son abordados por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht y conexos.
La mayoría de los procesos de la procuraduría anticorrupción, en curso en la Fiscalía y el Poder Judicial, son de peculado y colusión, es decir, de apropiación o aprovechamiento indebido de recursos públicos y de concertación con terceros para defraudar al Estado.
La tendencia es creciente. Un informe de esta entidad muestra que hasta junio de este año había 34 mil 645 casos, es decir, aumentaron casi cuatro centenas en un mes. Del total de los procesos hasta junio, unos 500 eran considerados emblemáticos. El informe resalta el elevado número de procesos contra gobernadores y ex gobernadores regionales, que llega a 395. Casi un tercio se concentra en Pasco, Tumbes y Ucayali. El pasqueño Klever Meléndez es imputado en 28 procesos, el tumbesino Gerardo Viñas en 25 y el ucayalino Jorge Velásquez en 25 casos. Más gobernadores y ex gobernadores procesados hay en Cusco, Amazonas, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Puno.
En las municipalidades, la corrupción campea. Hay 270 procesos contra alcaldes provinciales y 782 contra burgomaestres distritales. La mayoría de casos está en Lima: 109, una décima del total. En el país, hay 530 alcaldes investigados por presunta corrupción. La mitad de los municipios provinciales y la mitad de los distritales tienen a su autoridad máxima con imputaciones.
Algunas autoridades llegaron a prisión, como Elías Segovia, ex gobernador de Apurímac; Roberto Torres, otrora alcalde de Chiclayo; y el ya mencionado Velásquez, ex gobernador de Ucayali. Esta profusión de casos de corrupción exige más recursos para resolverlos. «La descentralización se hizo con expectativas positivas pero sin control y capacitación es un espacio propicio para que haya focos de corrupción», dice Enco.
Esta entidad tiene solo 16 plazas para procuradores descentralizados, y faltan cubrir 6 por renuncias. En otras zonas operan 12 coordinadores y nueve jefes de oficinas, con menores márgenes de acción. A esto se suma la falta de jueces especializados en casos en corrupción en provincias.
El sistema anticorrupción inaugurado por el Poder Judicial solo funciona en Lima. La Contraloría no supera la limitación de tener oficinas de control institucional que son pagadas por las mismas entidades que deben inspeccionar para mantener en regla.
En la misma ruta
Para mayor preocupación, el gobierno no cumple con dar un plan nacional anticorrupción, necesario para que todas las entidades del Estado elaboren sus propios lineamientos para afrontar este flagelo. En la Defensoría del Pueblo insisten con llamar la atención del Ejecutivo. El jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, Porfirio Barrenechea, resalta que este plan nacional tiene ocho meses de retraso.
“Es una ausencia de aprobación de una norma que permita luchar contra la corrupción. Los planes anticorrupción vencieron en diciembre del año pasado. Hemos pasado ocho meses con denuncias y la reconstrucción sin un marco que establezca la pauta de luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno”, dijo.
Barrenechea consideró que por esta carencia, “el proceso de reconstrucción es un peligro”.
“Tenemos el antecedente de Forsur donde se destinaron recursos. Hay denuncias por corrupción, personas que no son atendidas en sus necesidades. El riesgo es muy alto ya que se han anunciado obras, alrededor de 20 mil millones de soles que va a invertirse sin una ruta clara en la lucha contra la corrupción”, anotó.
La Defensoría alista otro informe sobre la corrupción en el Perú, que detecte algunas tendencias adicionales que pueden sugerir decisiones a tomar. Aunque lamentan que no se avance tanto desde el Estado como sí lo hacen los corruptos. En su último reporte, la mayoría de casos involucran a municipios distritales, provinciales y de la Policía. Le siguen los gobiernos regionales y los ministerios del gobierno.
Megamillones en deuda
Algo pendiente es cobrar millones por reparaciones civiles. Del megacaso Fujimori-Montesinos solo el 2% se ha recaudado, según la Unidad de Recuperación Económica de la Procuraduría. Falta mil 433 millones 612 mil 645 soles.
El principal deudor es Vladimiro Montesinos, con 544 millones 651 mil 704 soles. Alberto Fujimori debe 27 millones 460 mil 216 soles.
De casos posteriores, se ha cobrado 22%. Faltan recaudar 37 millones 451 mil 534 soles.
Son potenciales recursos que harán falta para la luchar anticorrupción.
Se esperaba un mayor compromiso, por Yvan Montoya
Muchos hechos muestran el poco compromiso con un liderazgo en políticas anticorrupción. Siento que no hay el compromiso como se anunciaba en campaña. Una muestra es la falta del plan nacional. Acabó uno el 2016 y falta para el 2017-2021. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) debió prepararla. La presidencia estuvo en la PCM, luego en el Ministerio Público. ¿Qué pasó? El plan no es la panacea pero marca rutas de base. Y yo le daría más poder a la CAN.
La ley de imprescriptibilidad no es tampoco la panacea en lucha contra la corrupción. Hay políticas integrales con mayor eficacia en prevenirla, como una autoridad autónoma de transparencia: la actual no funciona. Mi fe en el derecho punitivo tiene límite. Hemos sancionado a tantos y surge corrupción regional: lo punitivo parece no disuadir suficiente. No hemos hecho el énfasis necesario en lo preventivo.
Fuente La República
