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Tres ministros y el decreto del que nació corrupción

Tres ministros y el decreto del que nació corrupción

El origen de una de las historias de corrupción que arrinconan al Gobierno sería la emisión de un Decreto de Urgencia emitido en octubre de 2021, cuando el régimen de Pedro Castillo se entrenaba en los mecanismos para usufructuar del poder.

El DU permitió destinar a la Municipalidad Distrital de Anguía, en Cajamarca, más de S/9.6 millones para el financiamiento de obras y es pieza importante en las pesquisas que realiza el Ministerio Público. La forma en que se usaron estos recursos podría complicar aún más la situación del presidente Pedro Castillo tras la apertura de una sexta investigación en su contra.

En esta nueva carpeta, se le imputa al mandatario ser líder de una organización criminal en la que estarían involucrados personajes como el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, en su condición de titular de Vivienda; y el detenido alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

Pero, ¿en qué consistió el Decreto de Urgencia No. 102-2021?

El documento, publicado el 29 de octubre del 2021, fue emitido bajo el argumento de que era necesario establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la ejecución de gasto público en proyectos, que, a su vez, permitan “contribuir a la reactivación económica del país y atenuar los impactos de la pandemia por el brote del COVID-19.

Las obras a financiar debían apuntar a saneamiento urbano y rural, infraestructura vial y equipamiento urbano.

A través del decreto, se dotaba de un presupuesto adicional -proveniente del MEF- al Ministerio de Vivienda, hasta por S/34 millones; y a los gobiernos locales, hasta por S/ 48 millones.

El documento fue suscrito en su momento por el presidente Pedro Castillo, la premier Mirtha Vásquez, el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; y el titular de Economía, Pedro Francke.

DETALLE. La lista de proyectos contemplados en el marco del DU salió publicada en los anexos y se precisó, incluso, que estos iban a ser adjudicados bajo el Procedimiento Especial de Selección.

En las decenas de obras mencionadas, figuran cinco vinculadas a la Municipalidad Distrital de Anguía, cuyo alcalde, José Medina, es considerado cercano al entorno presidencial y registra nueve visitas a Palacio de Gobierno desde la proclamación de Castillo

Esto significó que de los S/48.6 millones considerados para los Gobiernos Locales, al menos S/9.6 millones fueran destinados a Anguía por concepto de monto de obras.

Entre los cinco proyectos figura el de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre, del distrito de Anguía, en la provincia de Chota. La cuestionada licitación fue otorgada por S/3 millones al consorcio Iencons, que tenía entre sus integrantes a Destcon Ingenieros & Arquitectos. Esta última empresa fue constituida en abril de 2021 por Anggi Espino Lucana, cuyo hermano, Hugo Espino, es cercano a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.

Las otras cuatro obras se refieren al mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en Chugur y el centro poblado de Huallangate; así como la creación de un parque infantil en el centro poblado de Chugur y de una plaza en el centro poblado Huallangate.

Es preciso señalar que en el marco de la sexta investigación abierta por la Fiscalía de la Nación contra el mandatario, en la que está incluido Geiner Alvarado -quien fue ministro de Vivienda hasta hace una semana- es que se detuvo, días atrás, de forma preventiva a los hermanos Espino Lucana; al alcalde de Anguía, José Medina; y a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.

De acuerdo a la Fiscalía, de los fondos de ese mismo decreto salieron los fondos para el proyecto Recuperación de la estructura y equipamiento de la institución educativa 20984-2 Santiago Antunez de Mayolo, el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, en Lima. Esta obra, de 3.3 millones de soles, se adjudicó a un consorcio que integraba JJ Espino.

INTERPELACIÓN. De acuerdo a las pesquisas fiscales, por el momento, solo Geiner Alvarado ha sido comprendido en las investigaciones. Ante ello, voces al interior del Congreso apuntan a interpelar al hoy ministro de Transporte a fin de que rinda explicaciones sobre el tema.

La congresista Norma Yarrow, de Avanza País, adelantó que trabaja en la elaboración de un documento con miras a citar a Alvarado ante el pleno.

Al respecto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que, si bien su grupo avanza una medida en simultáneo, finalmente se elaborará una sola moción “para no duplicar esfuerzos”.

“Estamos haciéndolo en paralelo, nosotros también estamos corriendo la lista, vamos a hacer una sola moción para no duplicar esfuerzos. (Se estaría presentando) la próxima semana”, indicó a la prensa.

Entre tanto, la legisladora Martha Moyano, de Fuerza Popular (FP), consideró -a título personal- que “sí cabría una censura directa” en el caso de Alvarado, actual ministro de Transportes, dado que actualmente es investigado por autoridades judiciales.

“Es una pena que continúe en funciones (…) Uno puede presentar una moción de censura directa cuando estamos notando que, en las acciones que están haciendo, no hay dudas o, por lo menos, está siendo involucrado en temas del Poder Judicial por ciertos delitos”, indicó.

Por su parte, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, manifestó que, por su “conducta” en el Ministerio de Vivienda, Geiner Alvarado tiene que ser censurado más allá de la interpelación.

En ese contexto, Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó ayer una denuncia constitucional contra Alvarado.

El documento, de fecha 11 de agosto, propone acusar al funcionario por los presuntos delitos de organización criminal y patrocinio ilegal; además de una supuesta infracción constitucional.

“Geiner Alvarado es señalado por la Fiscalía como coordinador de la banda criminal que direccionaba obras en el Ministerio de Vivienda, por ello he presentado una denuncia constitucional contra el ahora titular del MTC por los delitos de organización criminal solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años”, señaló en Twitter.

Fuente Diario Correo

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