Información del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) revela que el 56% de proveedores sancionados para contratar con el Estado incurre en la presentación de documentación falsa o inexacta durante el proceso de contratación, en documentos como certificados, constancias o contratos, y declarando información que difiere de la realidad.

Entre las razones que motivan a proveedores a cometer este tipo de infracciones está el desconocimiento de las normas vigentes, pero también los exigentes requisitos y formalidades desproporcionados con lo que se busca contratar, previstas en la normativa de contrataciones y en las bases, las cuales muchos buscan evadir.

En el segundo caso, se trata de la cultura de “Pepe el vivo”, en la que estos proveedores asumen que los funcionarios supervisores de las compras públicas no van a advertir anomalías en los documentos que presenten. O, si son detectados, están seguros de que podrán ser exonerados de este tipo de infracciones utilizando “incentivos” o coimas. Esto lo ven más factible aún si la infracción es cometida en gobiernos locales alejados y con escaso control y accesibilidad.

También existen proveedores avezados que tienen como único objetivo la obtención de un fin económico a costa de defraudar a la administración pública. Son proveedores que reinciden debido a que una vez que inhabilitan de manera definitiva o temporal a la empresa que representan, crean otra, pero con consecuencias penales personales débiles o nulas.

Es cierto que en este caso el infractor es el proveedor, por evadir ilegalmente los procedimientos establecidos. Sin embargo, es evidente que las entidades públicas también deben perfeccionar, de forma permanente, los filtros de contratación de profesionales, observando no solo sus conocimientos en la función que desempeñan, sino también su dimensión ética. Al final, son ellos los que directamente van a garantizar la creación de mejores ambientes de competencia efectiva, de igualdad y transparencia entre proveedores y entidades, la labor efectiva de fiscalización y control, y la eliminación de cualquier tipo de “incentivos”.

Por ello, el Estado debe reforzar sus acciones de capacitación a proveedores y personal de entidades públicas involucrados en las compras estatales, que permitan una comprensión clara de los mecanismos de contratación y las consecuencias que esto involucra, sumado a una adecuada fiscalización sobre las personas que están bajo el ámbito de aplicación.

Por último, es necesario que además de diseñar estrategias que desincentiven prácticas como la presentación de documentación falsa o inexacta, se inhabilite por cierto tiempo a representantes legales o apoderados para contratar con el Estado y también crear un registro para sancionar de manera pública este tipo de conductas, debido a que, al final, la persona jurídica solo es un vehículo societario.

Fuente El Peruano

Translate »