El debate público reciente respecto de los espacios dejados por el sistema de asociaciones público-privadas (APP) para malos proyectos y corrupción no hace sino reforzar la necesidad de persistir en una reforma profunda de este sistema.
Las modificaciones establecidas por los decretos legislativos 1224 y 1251 (Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante APP y Proyectos en Activos) y el reglamento de este último que se publicará en estos días marcan un cambio importante hacia un sistema de APP de nueva generación que continuará siendo reforzado con la reforma interna de Pro Inversión y nuevos procesos y lineamientos de operación.
Nuestro país ha venido usando en los últimos 15 años una estructura de APP basada en pagos garantizados por el Estado que se activan al cumplimiento de hitos de construcción, con proyectos que se han venido concesionando con estudios bastante preliminares. Ello está lejos de ser una buena estructura de APP y, más bien, está cerca de ser contratos de compra pública de servicios de construcción con pagos garantizados a plazos. Se ha perdido buena parte de los beneficios potenciales que se busca con las APP, basados en transferir riesgos al sector privado y vincular pagos a la performance de los concesionarios.
La presión política, en varios casos impulsada por intereses corruptos, ha sido la causa principal de la falta de desarrollo de nuestro sistema de APP.
Así, las reformas del sistema de APP y de Pro Inversión plantean la creación de la Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en Pro Inversión, que tiene como propósito velar para que los procesos sean transparentes e íntegros. Para ello adoptaremos estándares internacionales y prácticas que siguen las entidades multilaterales de financiamiento y agencias de APP de primer nivel internacional.
También apuntamos a reducir los espacios para la influencia política indebida en procesos de APP. El Decreto Legislativo 1251 establece un Consejo Directivo de Pro Inversión con tres directores independientes, además de tres ministros. Las decisiones colegiadas de este consejo permitirán sacar proyectos que estén suficientemente maduros y que respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará con la participación de Ceplan, el MEF y Pro Inversión en los siguientes meses.
Respecto a la introducción de cláusulas anticorrupción y adopción de estándares internacionales para financiamiento de proyectos, todos los contratos incluyen ahora cláusulas anticorrupción, lo que ha implicado modificar algunos borradores de contratos, incluso ya compartidos con el mercado, para procesos en curso. La reforma incluye una revisión y estandarización de contratos. Pro Inversión adoptará, para todos sus contratos y procesos, los Principios del Ecuador, que son el estándar internacional para el financiamiento de proyectos.
En el caso de las empresas que hayan tenido sanciones por corrupción o que se hayan autoinculpado, estas no podrán participar en nuevos procesos de APP o contratar con el Estado. Esto se ha precisado en dos artículos incluidos en Ley de Contrataciones del Estado.
Los nuevos lineamientos para los concursos de APP plantearán reglas que reduzcan al mínimo los espacios para ofertas temerarias o colusión de postores. Se van a plantear reglas en concurso que permitan eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reduzcan al mínimo la posibilidad de “comportamientos estratégicos”, tal como ocurre en países con sistemas de APP avanzados.
Debemos reducir la necesidad de adendas. El nuevo sistema de APP se moverá progresivamente a iniciar concursos solo una vez que se tengan estudios con un grado sustancial de avance y con un porcentaje significativo de predios necesarios liberados y con expropiaciones. El reglamento del Decreto Legislativo 1251 limitará los casos en que sería posible tener adendas en los primeros tres años a partir de la firma de los contratos, permitiendo solo aquellas modificaciones imprescindibles para la ejecución del contrato. Los postores tendrán que hacer una diligencia mayor de los proyectos para asegurar que puedan llevarlos a cabo con éxito, en paralelo a que el Estado tenga proyectos más maduros que brinden a los privados información suficiente para esta evaluación.
Elementos muy importantes de la reforma serán los nuevos lineamientos para la contratación de asesores de transacción de primer nivel internacional, con capacidad de atraer nuevos inversionistas de talla mundial y estructurar proyectos con los estándares globales que se merece nuestro país.
Por último, la reforma interna de nuestra agencia de APP –Pro Inversión– es fundamental. El Decreto Legislativo 1251 establece un período razonable de tiempo para una reestructuración profunda que permitirá modificar los procesos de operación y control, el organigrama de la institución, cambiar los perfiles profesionales y mejorar la estructura salarial. Esperamos incorporar nuevo talento, de manera que aseguremos que profesionales de primer nivel estén a cargo de procesos que involucran a los proyectos de inversión más grandes de nuestro país.
La reforma en curso de Pro Inversión se viene implementando sobre la base de tres pilares: transparencia e integridad, eficiencia y calidad. El objetivo es convertir a la institución en una entidad de primer nivel internacional y a los procesos de APP en transparentes, íntegros, competitivos y técnicamente impecables.
Introducir estos cambios tomará tiempo y recursos y llevará seguramente a que el esfuerzo de preparación de proyectos sea mayor, pero es la única manera de asegurar que los tiempos de ejecución sean mucho más cortos y mucho menos turbulentos, que los beneficios que obtiene el país de los proyectos sean mayores y que los procesos se manejen de manera transparente e íntegra.
Fuente El Comercio
