Hace una semana el Congreso aprobó la ley de reconstrucción frente a los impactos del Niño Costero que presentó el Ejecutivo. Las modificaciones al texto original están referidas a incluir la coordinación previa con los gobiernos regionales y locales, la reactivación económica de los sectores productivos, y el impacto social y ambiental en los lugares de intervención. Así como al control concurrente y posterior de la Contraloría, la incorporación de las cláusulas anticorrupción y la transparencia de la labor.
La reconstrucción será la gran tarea de los próximos años. Requiere de la unidad de los peruanos y mucha eficiencia en la gestión. Tiene que priorizar la prevención frente al cambio climático y el fenómeno El Niño, cuidando la vida y salud de las personas. Requiere de una gestión planificada, dirigida desde la Presidencia del Consejo de Ministros, articulada con los sectores y los gobiernos regionales y locales, y con un esfuerzo público y privado grande y generoso.
Esta es una gran oportunidad para construir un país con verdaderos polos de desarrollo descentralizados y sostenibles. Tenemos el deber de aprender de esta tragedia y de aquella otra que nos ha acompañado en las últimas décadas en las obras públicas: la corrupción.
Por ello, es importante que las obras se hagan bien, que no estén sobrevaloradas, se terminen en el tiempo previsto y realmente sirvan para los fines que son construidas. Es necesario aprobar un Plan Nacional de Infraestructura de corto, mediano y largo plazo que cuente con estudios de detalle para evitar los costos adicionales, los proyectos mal diseñados o que solo tienen perfil de proyecto.
Igualmente, que todos los contratos cuenten con cláusulas anticorrupción. Se tendrá que impedir que se construya en cauces de ríos o zonas vulnerables, y que los municipios no otorguen títulos de propiedad en estas zonas.
Será importante transparentar la adjudicación de obras y sus costos, independientemente del modelo de contrato.
Otro aspecto clave es impulsar la implementación efectiva del gobierno electrónico y hacer más eficiente el acceso a los contratos públicos, y supervisar a los proveedores del Estado para impedir que aquellos que han sido sancionados sigan participando en obras públicas, y también a los supervisores de obras.
Por otro lado, estandarizar precios unitarios de los materiales de construcción, en especial para las obras de agua y saneamiento, permitirá poner límites a las sobrevaloraciones.
En suma, la reconstrucción es una oportunidad para desarrollar de modo sostenible nuestras ciudades, para fortalecer las instituciones y prevenir la corrupción. No se trata de poner trabas a la reconstrucción, sino de evitar que la corrupción se aproveche de esta desgracia.
Evitemos que la reconstrucción repita los errores del caso Odebrecht. La eficiencia y la transparencia tienen que ser las dos caras de la reconstrucción democrática del país.
Fuente El Peruano
