Hasta setiembre de este año, en Áncash, la Contraloría General de la República ha sancionado con inhabilitación para desempeñarse en entidades del Estado a 16 funcionarios que prestaban servicio en municipalidades y entidades dependientes del Gobierno Regional de Áncash (GRA).
Según el reporte de la entidad de control, las sanciones van desde 2 hasta 5 años de alejamiento de la función pública.
Las sanciones impuestas contra los servidores se deben a faltas administrativas. En muchos de los casos, van acompañadas de penas de cárcel que se consiguieron en los fueros judiciales, luego de una investigación a nivel penal por delitos de corrupción.
INHABILITADOS. Correo presenta la lista de los funcionarios sancionados por la Contraloría, según el registro que figura en la página web de la institución que es de acceso público.
El informe señala que cuatro de estos servidores públicos laboraban en la Subregión Pacífico, unidad ejecutora del GRA, cuatro más en la Municipalidad Provincial del Santa, cuatro en la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, tres en la Municipalidad Distrital de Masín y uno en la Municipalidad Distrital de San Marcos, en la provincia de Huari, la que más recursos por concepto de canon minero percibe.
EL GRA Y LA MPS. En el caso de la entidad subregional, figuran como inhabilitados Bonificacio Cricendio Castillo Sandoval, Pepe Jara Delgado. Freddy Florencio Calderón Cabello y Giovanni Alfonso Montoya Siles, este último fue juzgado y condenado por el sonado caso de la “desratización”, servicio fantasma que pagó esta entidad por más de 3 millones de soles, durante la gestión de Luis Arroyo Rojas.
Para Montoya Siles y Castillo Sandoval, la Contraloría ha ordenado inhabilitación por espacio de 4 años, al considerar que incurrieron en una infracción “muy grave”. Su sanción rige desde agosto de este año hasta el mismo mes de 2022.
En tanto, para Freddy Calderón, ordenó 3 años de inhabilitación, que se computan desde el 28 de agosto de hasta este año hasta el 28 de agosto de 2019. En el caso de Jara Delgado, la Contraloría consideró que incurrió en falta grave y lo inhabilitó por dos años, que abarcan desde el 24 de agosto de este año hasta el 24 de agosto de 2020.
Los funcionarios inhabilitados que laboraron en la comuna provincial del Santa son Juan Carlos Humberto Vega Ruiz, Ernesto Rubén Zumarán Irribarren, Ricardo Jhony Segura Ramírez y Laura Bailón Zegarra, quien trabajó en esta municipalidad durante la gestión del exalcalde provincial, Luis Arroyo Rojas. Para tres de ellos, la Contraloría determinó sanciones por infracciones muy graves y solo en el caso de Bailón Zegarra se consideró que incurrió en falta grave, por lo que se le inhabilitó por dos años, hasta agosto de 2020.
Segura Ramírez tiene 5 años de inhabilitación, hasta agosto de 2023, al igual que Humberto Vega. Zumarán Irribarren tiene 3 años de inhabilitación, hasta junio de 2021.
EN LA SIERRA. La Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, tiene como sancionados por La Contraloría a: Carlos Escobar Uribe, Lincohol Rodríguez Romero, María Esther Aguilar Saico, Roger David Luciano Sánchez.
En el caso de María Aguilar y Carlos Escobar, ambos fueron funcionarios durante la gestión del prófugo exalcalde de Chavín, Manuel Glicerio Paucar Ramírez, cuyo proceso por corrupción, se ventila en el juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Lima, donde están las pesquisas que han sido calificadas como “emblemáticas”.
Los dos están prohibidos de prestar servicio en la administración pública, por dos años, hasta el 13 de junio de 2020. La falta que cometieron fue calificada como grave.
Para Roger Luciano Sánchez y Lincohol Rodríguez, el tribunal de La Contraloría sí consideró que incurrieron en una falta muy grave, razón por la cual les impuso alejarse de la administración pública por cinco años. Sus sanciones concluyen en junio y agosto de 2023. Un informe de la entidad de control, consideró que habían incurrido en responsabilidades administrativas funcionales en la administración de recursos de la comuna de Chavín. También se desempeñaron en la gestión del prófugo Paucar Ramírez.
El distrito de Masín, también se ubica en la provincia de Huari. Hace poco se hizo conocido a nivel nacional, debido a la orden de captura que se dictó contra su alcaldesa Noima Salas Núñez, acusada de cometer delitos de corrupción.
En esta comuna se ha sancionado Arequipo Víctor Herrera Obregón, Mauro Edgar Molina Salinas y Joel Ficher Maldonado Guerrero. Todos ellos fueron sancionados porque La Contraloría consideró que incurrieron en una serie de irregularidades y vulneraciones a sus funciones en la obra de mejoramiento del canal de riego de la comunidad de Cochas.
Así, las cosas para Herrera Obregón y Molina Salinas, se les impuso la sanción de inhabilitación de cuatro años que concluye en julio de 2022. Mientras que para Maldonado Guerrero la inhabilitación es de cinco años, hasta julio de 2023.
Finalmente, en la Municipalidad Distrital de San Marcos, tenemos a Miriam Soledad Ramírez Melgarejo, quien ha sido inhabilitada por cuatro años, hasta el 13 de julio de 2022 por falta muy grave.
Fuente Diario Correo
