El alcalde del distrito de Alto Selva Alegre y candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, Omar Candía Aguilar, fue absuelto del delito de colusión por el caso de la compra de 40 cámaras de video vigilancia valorizadas en 2 millones de soles.
El juez Roberto Salas Vilca, también absolvió al gerente de la municipalidad distrital Daniel Fredy Gómez Benavente.
Mientras que los funcionarios Juan Lipe Lizárraga, Reynaldo Díaz Chilo y el representante del consorcio Soluciones Andinas, integrada por Soluciones del Perú S.A. y Technology Leader SAC José Luis Ríos Sánchez y el consultor del proyecto Sandro Martínez Sardón, fueron sentenciados a ocho años de cárcel efectiva al ser hallados responsables del delito de colusión en la modalidad coautores y cómplices primarios, respectivamente.
El juez indicó que si bien no existen pruebas de la concertación telefónica, correos o mensajes, existe una resolución municipal que favorece al consorcio ganador de la licitación.
Los sentenciados tienen impedimento de salida del país y deben pagar una reparación civil solidaria de 100 mil soles a favor de la municipalidad.
La sentencia se hará efectiva cuando sea firme y consentida. La lectura integral será el 30 de julio a las 16:00 horas.
Tras conocerse la lectura del fallo, los militantes del candidato que llegaron hasta la Corte Superior de Justicia realizaron arengas de triunfo por la decisión dada por el juez.
Omar Candia no acudió a la audiencia. Solo su padre y sus abogados estuvieron en el Juzgado.
El caso
El 9 de febrero del 2012, la gestión de Candia compró las cámaras de seguridad y recién en noviembre de ese año fueron usadas. El proyecto tuvo un valor total de 2 millones 346 mil 940 soles.
Un año después, la Contraloría General de la República realizó observaciones a la adquisición de las 40 cámaras. Dijo que hubo un direccionamiento en la compra a la empresa ganadora de la buena pro: consorcio Soluciones Andinas. Además cuestionó la contratación del consultor Sandro Martínez Sardón, quien no reunía el perfil profesional requerido.
El fiscal, Rubén Núñez, acusó al alcalde y sus funcionarios de haberse coludido para direccionar la compra y beneficiar al consorcio ganador. Los acusados habrían intervenido desde los preparativos de la compra realizando cambios internos en las áreas de contrataciones y ejecuciones presupuestales.
Fuente RPP
