Un proyecto de ley, presentado por la bancada de Acción Popular, podría cambiar drásticamente el procedimiento de levantamiento bancario y bursátil en nuestro país.

Y es que la iniciativa en mención, impulsada por el legislador Rolando Campos, establece, de manera obligatoria, “el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de los funcionarios y servidores públicos, así como las empresas bajo el régimen de FONAFE”, sin la necesidad de una investigación previa o pedido fiscal ante el juez de turno.

La propuesta alcanza a todos los funcionarios y servidores de los tres niveles de gobierno y entidades como ministerios, universidades públicas, empresas del Estado, gobiernos regionales y locales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También aplica para los “familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad” de los funcionarios titulares del pliego de las entidades públicas, del órgano encargado de las contrataciones y de los funcionarios y servidores que intervienen en los proceso de contratación de bienes y servicios en todas sus modalidades.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, en el marco de sus competencias, es la encargada de la administración de la autorización del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, y bursátil de los funcionarios públicos”, concluye el proyecto.

Instrumento disuasivo

Al respecto, el legislador Rolando Campos explicó que su iniciativa busca ser un instrumento disuasivo para que los funcionarios no estén propensos a cometer actos de corrupción al asumir la responsabilidad de administrar los recursos públicos.

“El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil será uno de los instrumentos legales para persuadir los actos de corrupción y, a su vez, permitirá reducir los índices de los casos de corrupción de gran envergadura, que muchas veces han quedado impunes y sin ser sancionados”, acotó.

Si bien reconoció que la Constitución, en su artículo N°2, protege el secreto bancario, recordó que la misma Carta Magna promueve el bienestar general que se fundamenta en “la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Finalmente, insistió en la necesidad de adecuar la legislación peruana a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE sobre el intercambio de información para combatir la evasión y elusión tributaria, así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria.

El proyecto de ley lleva la firma de seis legisladores de la bancada de Acción Popular. Estos son: Otto Guibovich (vocero), Carlos Pérez, Luis Simeón, Kenyon Durand, Wilmer Bajonero, Freddy Llaulli.

Fuente Diario Gestión

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