En el marco del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno ante la pandemia del COVID-19 el congresista de Acción Popular, Leonardo Inga, presentó un proyecto de ley que busca establecer agravantes para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, en el uso de recursos destinados a combatir la pandemia.
El proyecto, que plantea la modificación de los artículos 384°, 387°, 388° y 389° del Código Penal, establece penas más duras para los delitos de colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, peculado de uso y la malversación de fondos.
Así, por ejemplo, para los casos de colusión agravada que se castigan con prisión no menor de 6 años ni mayor de 15, ahora se castigarán con prisión no menor de 9 años ni mayor a 22, “si el delito se comete respecto al uso inadecuado de los recursos públicos como consecuencia de haberse declarado Estado de Emergencia”.
Para los casos de peculado doloso y culposo, las penas van desde los 4 a los 12 años. “Constituye agravante si los caudales o efectos fueran producto de asignación por haberse declarado Estado de Emergencia”, señala la propuesta legislativa que establece pena de cárcel entre 12 y 18 años.
Actualmente la malversación de fondos se castiga con pena privativa de la libertad de entre 3 y 8 años. La propuesta establece que si el dinero que administra el funcionario corresponde a zonas declaradas en Estado de Emergencia, “la pena privativa de libertad será no menor cuatro ni mayor de doce años”.
Fuente Exitosa
