Cifras sospechosas. El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, aprobó durante sus dos períodos de gobierno, la suma de 17 millones 731 mil 28 soles en adicionales de obra.

Desde que inició su gestión, en enero de 2011, hasta la fecha, Acuña Peralta ha firmado 89 Resoluciones Ejecutivas Regionales, con las cuales autorizó prestaciones adicionales para obras que fueron ejecutadas por concurso público.

Correo elaboró una base de datos con el detalle de las referidas resoluciones, advirtiendo que un total de 62 obras del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) necesitaron adicionales para su culminación.

GASTOS. La Ley de Contrataciones del Estado permite la aprobación de adicionales de obra, “siempre y cuando sean iguales o no superen el 15% del monto del contrato original”.

Este requisito ha sido respetado por Acuña Peralta y sus funcionarios sin que se cuestione demasiado los motivos para modificar el presupuesto y el tiempo que demandaría la ampliación de las 62 obras.

El número de adicionales ha variado constantemente durante el gobierno de Alianza Para el Progreso (APP) pero con justificaciones muy similares: ejecutar los “trabajos que no fueron contemplados en el expediente técnico ni en el contrato”.

Por tal motivo, surge la interrogante si los expedientes técnicos de las obras del GRL fueron mal elaborados, sobre todo en aquellos casos que se requirió la aprobación de 3, 4 e incluso 5 adicionales para alcanzar la finalidad del contrato.

Durante el primer año de Acuña Peralta como autoridad, el gobierno regional aprobó solo 5 adicionales de obra. Sin embargo, esta cifra aumentó a 42 hasta el término de su primera gestión (de 2011 al 2014).

Para el siguiente período, de 2015 hasta lo que va de este año, fueron 47 las resoluciones que autorizaron la ejecución de trabajos adicionales en las obras.

CINCO PAGOS. A lo largo de estos ocho años de gestión, el mayor número de adicionales fueron destinadas al proyecto “Mejoramiento del servicio educativo por ampliación de cobertura en las instituciones educativas N° 10091 Llamica, N° 10243 Kallima, N° 10907 Kongacha”, ubicadas en el distrito de Inkahuasi, en la provincia de Ferreñafe.

Entre 2016 y 2017, la ejecución de esta obra se amplió gracias a cinco resoluciones ejecutivas por las que el gobierno regional desembolsó S/141,620.36.

A pesar de los cuestionamientos por presunta entrega de documentos falsos en el proceso de selección, la última adicional de obra se aprobó por aspectos no considerados en el expediente técnico.

Por ejemplo, los desniveles naturales de la topografía de ese distrito y las diferencias por el área real del colegio N° 10907 (Kongacha) que “resultó ser mucho menor que el consignado”. Estas razones obligaron al contratista a incluir la construcción de muros de contención, rampas y escaleras.

EL MILITAR. Con 4 adicionales aprobadas, también aparece la obra de reconstrucción del colegio militar Elías Aguirre. Por todas ellas, el gobierno regional pagó 5 millones 408 mil 216 soles.

Estos recursos fueron destinados a distintos componentes del proyecto como servicios médicos y administrativos, comedor estudiantil, el coliseo cerrado y mejoramiento del Estadio.

Pero las adicionales también se originaron por observaciones detectadas durante la supervisión de la obra y las “serias” deficiencias técnicas del proyecto original.

“El diseño de la piscina semi olímpica no se ajusta de acuerdo a los parámetros de la normativa, no existe en el proyecto cámara de compensación necesaria, el equipamiento no satisface las necesidades, (..) no ha considerado un sistema adecuado para la recirculación del agua”, precisa la resolución ejecutiva N° 144.

JLO Y POMALCA. El proyecto “Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del cercado” en pueblos jóvenes de José Leonardo Ortiz fue otra de las obras que obtuvo adicionales.

En este caso, S/1’066,259.10 de presupuesto extra se aprobaron en 2012 para la construcción de redes de alcantarillado a lo largo de 2589.75 metros lineales que no fueron considerados en el expediente, reposición de tuberías de agua, entre otras razones técnicas.

La segunda obra consistió en la “rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pomalca – Saltur – Sipán – Pampagrande” cuyo gasto por la aprobación de 3 adicionales, en 2014, alcanzó los S/1’179,074.91.

De igual modo, este proyecto requirió la ejecución de cunetas en aquellos tramos que no estaban contemplados en el expediente, además de la instalación de guardavías que recomendó el supervisor de la obra.

DESPREOCUPADO. El gobernador regional no se mostró sorprendido por el millonario costo de las adicionales. Por el contrario, justificó la cifra por los ocho años que lleva como autoridad y al no estar prohibido por ley.

“No entiendo dónde está la preocupación. Mientras la adicional esté sustentada y se haya ejecutado, para mí no hay ningún problema. Una obra puede tener 10 adicionales. No hay límite”, mencionó.

De ese modo, la autoridad negó que los adicionales reflejen alguna irregularidad argumentando que debieron aceptarse mejoras en los proyectos.

Sin embargo, destacó que en otros casos como la obra ejecutada en la avenida Los Incas, en La Victoria, el expediente fue formulado por los municipios. “Hay que preguntarle al alcalde de quién es la responsabilidad”, agregó.

Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, sostiene que los adicionales de obra son producto de la mala elaboración de los expedientes técnicos, lo cual siempre resulta beneficioso para los contratistas y perjudicial para la entidad (GRL).

Precisó que es una forma de “tapar la corrupción” puesto que al contener fallas en los expedientes, incluso “muchas veces premeditadas”, el presupuesto aprobado inicialmente para las obras termina elevándose a favor de la empresa constructora. “Se tiene que castigar al profesional que elaboró el expediente técnico”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización del GRL, consejero José Díaz Periche, señaló que la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción deberían intervenir, ya que la mayoría de adicionales de obra se habrían aprobado por interés político.

“Los expedientes técnicos que llegaron al GRL son en su mayoría mal hechos, no cumplían los requisitos y por lo tanto no debieron ejecutarse las obras hasta que la misma Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) los corrija; sin embargo, nunca lo hicieron porque solo por cuestiones políticas metían los expedientes y sacaban las obras”, precisó.

El consejero de oposición refirió que varios alcaldes distritales del mismo partido al que pertenece el gobernador regional (Alianza Para el Progreso), le solicitaron la ejecución de obras, transfiriéndole la Unidad Ejecutora con los respectivos expedientes técnicos.

En estos casos, el Comité de Trabajadores de la GRI, integrado en su mayoría por ingenieros civiles, se negó a aprobar los expedientes técnicos debido a que estaban mal elaborados. Incluso, le presentaron a Acuña Peralta un memorial advirtiéndole sobre estos problemas, pero este habría hecho caso omiso.

“A pesar que los trabajadores reclamaban y no estaban de acuerdo en avalar dichos expedientes porque no estaban adecuadamente elaborados, aun así, por darle cumplimiento político, es que se iniciaban las obras. Es el caso de Mochumí, donde el GRL ha hecho un montón de obras, porque el actual alcalde (Alexander Rodríguez) era su candidato a la alcaldía provincial de Lambayeque y ahí están los resultados, ganaron las elecciones”, aseveró.

Diario Correo publicará la segunda parte de este informe el próximo lunes, respecto a las empresas constructoras favorecidas con los 17 millones de soles de adicionales y los municipios apepistas que resultaron beneficiados.

Fuente Diario Correo

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