El Gobierno Regional adjudicó al menos diez obras a empresas o consorcios que no cumplían requisito y que debieron ser descalificadas en pleno proceso de licitación, según denunció el vicegobernador regional Erasmo Fernández.
Entre las diez obras que dice haber detectado que fueron adjudicadas irregularmente se encuentra la Construcción del sistema de irrigación río Conchumayo margen derecha en la provincia de Huánuco por un poco más de 59 millones de soles.
Según afirma la autoridad regional, el Consorcio Hidráulico Huallaga —conformada por las empresas Desial S.A.C. y Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción ESEICO S.A. Sucursal del Perú— debió ser descalificado por el comité de selección porque presentó una carta de línea de crédito otorgada por la Cooperativa Niño Rey Huamanga de Ayacucho, cuando esta no está autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) para emitir dicha carta.
«La comisión de selección debió descalificar al postor», apunta al recordar que por un caso similar el Gobierno Regional de Áncash anuló el contrato que firmó con el consorcio integrado por la empresa del hijo del gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio.
Erasmo Fernández sostiene que esa misma medida debería tomar el Gobierno Regional de Huánuco con el Consorcio Hidráulico Huallaga y con otras nueve empresas.
Sin embargo, advierte que habrían más empresas o consorcios que ganaron la buena pro sin cumplir el requisito de presentar una carta de línea de crédito otorgada por una entidad autorizada por la SBS.
«Casi toda las obras otorgadas por el Gobierno Regional de Huánuco tiene las líneas de crédito de la Cooperativa de Huamanga», afirmó.
Señaló que frente a esta situación desde agosto de este año ha informado reiteradamente al OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) de los diez casos que ha detectado pidiendo intervenga el Gobierno Regional, pero hasta ahora no es escuchado.
«La Ley de Contrataciones dice que si se identifica que se ha obviado documentos durante la licitación, se anula de oficio y el gobernador debió anular de oficio esos contratos», explica al indicar que ha acudido al OSCE porque es el organismo que supervisa los contratos del Estado.
Y ante el silencio de dicho organismo, Erasmo informó que ayer elevó es mismo pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, al que está adscrito el OSCE.
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