La Contraloría General de la República detectó un nuevo riesgo en la descolmatación del río Piura, actividad a cargo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).
Se trata de la “Contratación del servicio de descolmatación del cauce del río Piura, en los tramos: desde la Laguna La Niña hasta la Laguna Ramón, desde la Laguna Ramón hasta el Sector Cordillera, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia y desde el Puente Independencia hasta el Puente Bolognesi, desde la Laguna La Niña hasta la Laguna Ramón”, cuya actividad está valorizada en 17’427,043 soles.
PREOCUPANTE. En el informe de control concurrente N° 134-2018, el órgano de control advirtió que Agro Rural canceló el informe quincenal N° 3 y dio trámite al informe quincenal N° 4, a pesar de que ambos fueron presentados con atraso.
A ello se suma que Agro Rural no aplicó las acciones previstas en el contrato suscrito; lo cual afecta el control oportuno del avance quincenal de la actividad.
Según la entidad, el supervisor de la actividad remitió al consorcio San Ramón un informe para que levante las observaciones realizadas, pero el consorcio presentó su informe quincenal sin haber adjuntado la conformidad o aprobación de la supervisión.
Posteriormente, el 27 de noviembre del 2017, el coordinador de la actividad N° 1 comunicó al supervisor el incumplimiento de funciones y devolvió el informe quincenal N°3 para que subsane las observaciones comunicadas.
Es así que el consorcio San Ramón atiende las observaciones y las levanta el 28 de noviembre de 2017. De esa manera, el supervisor dio la conformidad del informe.
“Por lo tanto, el contratista habría presentado el informe quincenal N° 3 con ocho días de retraso en la entidad, sin evidencias que cuente con la presentación de la supervisión”, señala el informe.
Cabe precisar que el informe quincenal N°3, correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2017, debió ser presentado por el contratista al supervisor de la actividad el 15 de noviembre de 2017 y dicho documento debió ser entregado en la entidad cinco días después del periodo establecido.
OTRO MÁS. Mediante la carta N° 553-2017, el contratista presentó ante la entidad, el 5 de diciembre de 2017 (sin adjuntar la conformidad del supervisor) un informe que fue presentado nuevamente por el contratista el 7 de diciembre de 2017.
Bajo el mismo modo, el consorcio presentó el documento sin la conformidad o aprobación de la supervisión, siendo emitida recién el 14 de diciembre de 2017. En dicho documento se señala como periodo de ejecución de la actividad desde el 16 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2017.
Asimismo, el órgano de control indica que luego de la revisión del informe quincenal, el administrador del contrato del tramo I emitió la carta N°036-2017, de 20 de diciembre de 2017, recomendando devolver al supervisor de la actividad el informe de pago N°4 para el levantamiento de las observaciones, a fin de cumplir con el reconocimiento de los metrados realmente ejecutados.
Finalmente, la Contraloría advierte que la situación es sujeto de aplicación de penalidad, tal y como estipula la cláusula décimo tercera del contrato, la cual indica que la contratista merece penalidad si no cumple con presentar el informe correspondiente, dentro del plazo señalado.
CORRIGIENDO ERRORES. La entidad también ha solicitado a Agro Rural informar sobre las acciones correctivas sobre las situaciones adversas comunicadas en hitos anteriores.
Al respecto, el coordinador técnico del tramo I, ingeniero Carlos Becerra, ha indicado que han procedido con la revisión de las planillas de metrados, verificándose que los metrados reconocidos se encuentran debidamente sustentados con los planos de secciones transversales.
Asimismo, la supervisión ha dispuesto una verificación topográfica para reconocer los tramos no ejecutados.
La entidad habría evidenciado que han ejecutado partidas, encontrando un valor deductivo de S/ 11,275.87.
En tanto, por no cumplir con proveer la maquinaria ofrecida, tal y como lo estipulan las bases, la comisión de control concurrente precisa que el monto del contrato vigente asciende a S/ 16’297,573. Por lo tanto, la penalidad máxima que correspondería aplicar al contratista sería de S/ 1’629,757.
“Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera el caso, se cobra el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento para que pueda retornar el dinero.
“El cobro de la garantía de fiel cumplimiento se hace teniendo en cuenta que tienen vigencia hasta el 10 de marzo de 2018”, indica.
La Contraloría ha emitido constantes informes, con la finalidad de que otras contratistas se adapten e inicien su acción correctiva.
Hasta la fecha, los piuranos esperan obras de envergadura, como saneamiento, agua y vivienda, con la finalidad de estar protegidos.
Fuente Diario Correo
