La corrupción es un flagelo. Luchar en su contra es un asunto serio y no se agota ni tiene eficacia cuando se limita a la imputación fiscal, sin una sentencia firme y consentida.
A lo largo de los años, en el país diversos representantes del pueblo fueron sindicados de cometer presuntos actos de corrupción, aprovechando sus altos cargos. En Arequipa, la historia no es diferente.
Correo hizo un conteo de procesos penales contra autoridades y exautoridades de la región por supuestas irregularidades durante sus gestiones, que los apuntan directamente o favorecieron a terceros en perjuicio del Estado, los cuales llevan años en curso sin poder efectivizarse las condenas o en su defecto, dictaminar inocencia.
Alcalde Omar Candia sigue denuncia por compra de cámaras
En los últimos días el nombre del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, ocupó portadas, y no por su gestión, sino por su regreso al banquillo de los acusados por el caso de la presunta compra e instalación irregular de cámaras de seguridad que arrastra desde hace 8 años, cuando fue alcalde de Alto Selva Alegre.
Durante este tiempo, el burgomaestre fue condenado dos veces por el delito de colusión agravada por el favorecimiento al Consorcio Soluciones Andinas. La primera sentencia fue absolutoria. Se dictó el 5 de julio del 2018, por el cuestionado juez Roberto Salas, quien fue detenido en enero de este año. Pesa en su contra una investigación por apropiarse ilegalmente de los bonos de reparación civil de más de 200 litigantes por un monto de más de 60 mil soles durante el 2018 y 2019.
El fallo fue apelado por la Fiscalía. El 30 de mayo de 2019, la Sala Penal ordenó un nuevo juicio. Ocho meses después, el juez Anticorrupción, Max Vengoa, lo condenó a 6 años de prisión efectiva. El dictamen fue apelado tanto por la Fiscalía como por la defensa legal del edil provincial y otros 5 implicados. Mientras el Ministerio Público solicita aumentar la condena a 9 años, la contraparte pide la absolución de los cargos. La Sala de Extinción de Dominio de Arequipa contempla tener lista la sentencia del caso para inicios de 2021.
Sobre su predecesor en el sillón municipal, Alfredo Zegarra, pesa una investigación preparatoria por estar involucrado en la red criminal Los Malditos de Chumbivilcas. Se le acusa del presunto delito de cohecho y abuso de autoridad en el presunto tráfico de lotes.
Los hechos ocurrieron en 2008, con la formación de asociación de viviendas Jardines del Chachani. Para la Fiscalía, la organización se dedicaba al tráfico de terrenos equivalentes a 172,729 metros cuadrados. En abril de 2018, seis investigados fueron a prisión, entre ellos la mano derecha del exedil provincial, José Luis Cavero Astete.
La Fiscalía investiga a Zegarra por reunirse con dirigentes, así como sospechosos retiros de dinero días antes de la captura de la presunta organización. En setiembre de 2019, la Segunda Sala Penal de Apelaciones dictó comparecencia con restricciones en su contra, por el pago de una caución de S/100 mil. En el caso ya existente dos colaboradores eficaces. Si bien la Fiscalía viene preparando la acusación, debido a la pandemia por la COVID-19, no se descarta una solicitud de suspensión de plazos para ampliar los meses de investigación, debido a que el pedido preliminar vence en marzo de 2021.
Los escándalos siguen a Zegarra. La Corte Suprema de Justicia aún no emite una decisión respecto a la casación presentada por su sentencia en el caso de la aprobación irregular del instrumento que ayudaría a ordenar la ciudad, pero terminó depredando la campiña: el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
En diciembre de 2019, la Primera Sala de Apelaciones ratificó el falló de 4 años de prisión suspendida en su contra e inhabilitación para ejercer cargo público por 3 años, la ejecución era inmediata. Pese a ello, Zegarra, así como los regidores Willy Jano y Pedro Quispe, aguardan la decisión de Lima tras un año.
Juan Manuel Guillén Benavides denunciado por la Autopista Arequipa-La Joya
El expresidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, terminó su gestión en diciembre de 2014, pero las investigaciones y juicios lo siguen 6 años después.
Las obras que años atrás anunciaba en medio de aplausos, hoy son su principal dolor de cabeza. Ese es el caso de la autopista Arequipa – La Joya. Se le acusa de haber concertado los términos de referencia de la licitación de la segunda etapa de esta obra vial en 2013, en favor de un consorcio peruano-español. Están comprometidos 16 exfuncionarios de su gestión. El inicio del juicio sería a fines del año pasado, sin embargo, la Fiscalía incluyó nuevas pruebas como las declaraciones de cuatro colaboradores eficaces. El Juzgado Anticorrupción de Arequipa programó para el próximo 16 de marzo de 2021 a las 8:30 horas la instalación del juicio.
El puente Chilina es otra de sus obras cuestionadas. Se le acusa de malversación de fondos y el proceso penal sigue en marcha.
En 2021, Guillén deberá afrontar otro juicio. Esta vez por el caso de compras directas irregulares detectadas por la Fiscalía entre 2012 y 2014. El entonces gerente general de la Región, Jorge Luis Aguilar Gallegos, creó, de manera ilegítima, un sistema para adquirir productos y servicios, sin acatar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. Como consecuencia, se hicieron compras indebidas por más de 38 millones de soles.
La jueza de Paucarpata, Rosmery Quiroz, absolvió a la exautoridad y a sus exfuncionarios de los cargos. No obstante, la Fiscalía apeló y los jueces superiores de Arequipa revocaron el fallo y ordenaron que se lleve un nuevo proceso. El expresidente apeló y la Corte Suprema dictó que se haga un nuevo juicio. El delito que pesa en su contra esta vez es negociación incompatible y pide una sentencia de 3 años y 4 meses.
Yamila osorio investigada por Los Correcaminos del Sur y el Club de la Construcción
Su sucesora en el cargo, Yamila Osorio Delgado, no se libra de las investigaciones. Está incluida en dos importantes casos fiscales como son Los Correcaminos del Sur y el Club de la Construcción. En el primer caso, la Fiscalía incluyó a Osorio a mediados del año pasado. Se trata de una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas de miniván informales que hacían rutas interprovinciales. Recientemente, la exgobernadora regional pasó a ser investigada preliminarmente por el equipo especial Lava Jato por presuntos actos de corrupción. Según dos colaboradores eficaces, habría pedido S/ 2 millones a ICCGSA. Esta empresa estuvo cargo del tramo III de la Variante de Uchumayo. Estas investigaciones son las más resaltantes, pero según el fiscal Hamilton Montoro, son 27 las indagaciones fiscales que pesan sobre la exautoridad que actualmente radica en España.
De acuerdo a un estudio hecho por los Socios del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) para diario El País en 2018, Perú, por sobre todos los países de Latinoamérica, encabezaba el ranking de ciudadanía que mencionaba la corrupción o el mal gobierno como el principal problema del país.
Según el mapa de calor de proporción de perjuicio económico durante 2019 de la Contraloría, Arequipa tiene un 18,2% de nivel de corrupción, siendo la quinta región a nivel nacional con mayores casos de corrupción causando un perjuicio de S/966′991,061.
El mayor incentivo al que se puede enfrentar un político es perder el voto de la población preocupada por actos ilícitos de sus autoridades. Cerrarle el paso a la corrupción inicia desde la decisión de una ciudadanía informada.
Reelección. Actos ilícitos son las principales causas por las que la población decide no elegir a un candidato de nuevo, aunque en varios casos son reelectos.
Arequipa es la quinta región a nivel nacional con más casos de corrupción
Según el mapa de calor de proporción de perjuicio económico durante 2019 de la Contraloría, Arequipa tiene un 18,2% de nivel de corrupción, siendo la quinta región a nivel nacional con mayores casos de corrupción causando un perjuicio de S/966′991,061.
Fuente Diario Correo
