El Gobierno de Pedro Castillo adjudicó un monto de 180.000 soles a favor de Roberto Su Rivadeneyra, abogado de Alejandro Toledo Manrique, el último jueves 23 de junio. De acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), al que accedió La República, la licitación otorgada de manera directa (a dedo) tenía como objetivo contratar el servicio de defensa legal del exmandatario, investigado por los presuntos sobornos que le brindó la empresa brasileña Odebrecht durante su gestión.
La licitación convocada por Presidencia de la República se dio el mismo día que se otorgó la buena pro. La invitación al letrado Su Rivadeneyra se realizó a las 13.06 horas y, de manera relámpago, se adjudicó la contratación a las 19.38 horas. De esta manera, el Gobierno asumirá el costo en beneficio del expresidente.
Fue el pasado 16 de marzo que Alejandro Toledo, quien se encuentra en proceso de extradición al Perú para afrontar las investigaciones en su contra, cursó un oficio en el que solicita que el Ejecutivo asuma el costo de su defensa por la investigación que mantiene vigente por el caso de Odebrecht, amparándose en la Ley n° 30057, Ley del Servicio Civil (Servir).
En el documento que emitió el extitular de la Chacana, se adjunta la carpeta fiscal n° 506015507-2018-1-0, donde la Fiscalía le imputa el favorecimiento a la empresa concesionaria Transvase Olmos S. A. para el otorgamiento de la buena pro en el concurso de Proyectos Integrales para la concesión del proyecto denominado Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Trasvase del Proyecto Olmos, ejecutado en el 2016.
Aprueban pedido de Toledo
Quince días después de dicho pedido, el subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, emite la resolución n°00012-2022. Fue el 1 de abril que el referido funcionario detalla que le corresponde el derecho de defensa a Toledo por el beneficio de la Ley Servir.
“Los servidores civiles (expresidentes) tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal con cargo a los recursos de la entidad para sus procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales (…) inclusive aún cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”, dice uno de los párrafos de la resolución.
El subsecretario Beder Camacho justifica, además, en el detalle de la resolución que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene la potestad de “reglamentar las leyes, pero sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”.
No es obligación del Estado
La República se comunicó con Raúl Saco, abogado especialista en derecho laboral, quien señaló que si bien la Ley Servir ampara al expresidente Toledo, el actual Gobierno no está en la obligación de brindarle asistencia de defensa.
“La ley lo permite, pero no es obligación del Estado asignarle una defensa con un costo alto; es decir, si el Gobierno puede asignar una defensa con un menor costo o simplemente desestimar el pedido de Alejandro Toledo en caso no sustente cómo pagar el monto asignado por su condición de investigado”, sentenció.
Fuente La República
