En abril pasado, el Gobierno del presidente Pedro Castillo envío al Congreso de la República el proyecto de “Ley que regula la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional y otras medidas”, para destrabar las obras sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Con ello, busca contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población.
Alfonso Garcés, socio de la firma GNS Guzmán Napurí & Segura Abogados, saludó que el Ejecutivo aborde, a través del proyecto de ley N° 1762/2021, uno de los problemas más recurrentes de la gestión pública y busque alternativas saludables para viabilizar el uso de recursos en favor de la población, aunque consideró que existen algunas precisiones que el Parlamento podría ajustar.
En opinión del exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el documento bien podría, ante la inacción de funcionarios “indolentes” para desarrollar obras con la calidad de urgente, plantear incentivos negativos, como procedimientos sancionadores a cargo de la Contraloría, o positivos, como la entrega de recursos adicionales para las regiones que tengan ejecutado más del 50% de su presupuesto.
“La norma debería establecer mecanismos de incentivos positivos o negativos entre funcionarios, a fin de alinear los intereses entre los actores del segundo, tercer y cuarto nivel, que son los encargados de las áreas de compra o contrataciones, y los que se encargan de los procesos de seleccion. Esa parte se podría mejorar y está en el Congreso incorporarlo. El tema político es quién se va querer pelear con los gobiernos regionales”, apuntó.
En esta línea, advirtió que el proceso encaminado por el MEF podría tardar varios años por la “propia mecánica de la gestión” y el liderazgo que puedan tener cada uno de los gobernadores en las regiones donde se busca destrabar las obras paralizadas.
“Hay varios procedimintos, establecidos como etapas en la norma, como preparar un inventario de proyectos parados, un informe situacional de cada uno de ellos, una lista de prioridad, registrar luego en el aplictivo del banco de inversiones, etc. Una serie de pasos nos van a llevar a una reactivación no en el corto plazo, algo que no va a ocurrir este año y que depende mucho del liderazgo del gobierno central o de los gobernadores en las regiones”, explicó.
No obstante, Garcés destacó que el proyecto del ministro Óscar Graham brinde alternativas que permitirán, en casos de incumplimiento contractual, tomar la decisión de llamar, por ejemplo, al contratista y modificar el contrato para que, finalmente, se termine de ejecutar la obra. Si no acepta, tiene la opción de contratar a alguien que haya quedado segundo o tercero en la licitación, o en su defecto resolver el contrato.
“Si se resuelve el contrato con un operador infractor, el funcionario público podría contratar a alguien para que labore el expediente técnico sobre el saldo de obra en la etapa que se encuentre, y también lo puede hacer de una manera directa en el marco de la Ley de contrataciones del Estado, pero exceptuando un proceso de selección”, refirió el especialista.
Fuente La República
