¿QUÉ SUCEDE? Millonario proyecto debió entregar primer componente en mayo, pero diversas irregularidades y observaciones continúan postergándolo. GRP declaró nulo proceso de licitación por advertencias de Contraloría sobre un presunto direccionamiento. Obra se ha encarecido, avance es nulo y población sigue esperando.
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) atraviesa una de sus más preocupantes etapas luego que el Gobierno Regional de Piura (GRP), mediante Resolución N° 453-2014 declarara la nulidad del proceso de selección para ejecutar el primer componente (túnel de trasvase y la presa Tronera Sur)
Esto como resultado de las diversas observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) y diversos postores que advirtieron un presunto direccionamiento porque los requerimientos técnicos y financieros eran muy altos.
Ante esta difícil situación el presidente regional de Piura, Javier Atkins, dijo que se tiene un mes para reformular los términos de referencia de acuerdo a las exigencias de la CGR; sin embargo, la confianza y seguridad se han perdido en la sociedad civil.
EL PEIHAP
Este megaproyecto nace en el año 1988. Entre sus principales objetivos aparecen: ampliación de la frontera agrícola en 19 mil hectáreas y mejoramiento de 31 mil; incrementar la productividad y oferta exportable agrícola; elevar la capacidad de exportación de energía; generar más de 75 mil puestos de trabajos directos; mejorar la infraestructura y tecnología agraria de la región; aumentar la seguridad alimentaria nacional y regional, y con ello impactar en la calidad de vida de la población.
Para ello se debían concretar cuatro componentes: 1) Túnel de Trasvase y la Presa Tronera Sur; 2) proyecto hidroenergético que incluye dos centrales hidroeléctricas de 150 mV cada una; 3) proyecto agrícola y 4) desarrollo agrícola del valle tradicional.
El año 2009 el Peihap empieza la licitación de su primer componente y pese a no tener expediente técnico la gestión aprista de César Trelles Lara logra firmar el contrato el 21 de mayo del 2010, la inversión llegaba a los S/. 480 millones, y el plazo de ejecución culminaba en mayo del 2014. Sin embargo, han pasado cuatro años y los altopiuranos no han visto pasar ni una sola gota del río Huancabamba.
¿QUÉ PASA?
El ex congresista por Piura y ex presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, Jhony Peralta Cruz, explica que cuando se gestionó el Decreto Supremo 055 para exonerar del SNIP el primer componente, se exoneró la viabilidad, pero no la de los componentes restantes, entonces debió existir un proceso de promoción de inversiones porque se trata de un proyecto integral.
Sin embargo, detalla Peralta, el ex presidente César Trelles licita una obra sin expediente ni plano, y al darse cuenta firma una adenda encargándole a Camargo Correa, empresa encargada de realizar la obra, hacer el expediente y el plano aparte del túnel y la presa.
Aquí se le pagarían S/. 23 millones y se solucionaba el problema. Sin embargo, en la gestión de Atkins se resuelve la adenda con lo cual se libera a Camargo de cualquier responsabilidad. Ante estas fallas, la empresa brasileña presenta un presupuesto adicional que supera el 50% del monto inicial, y como ello no podía ser respaldado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en diciembre del 2013 se resolvió el contrato.
“De los S/. 479 millones por los que se firmó el contrato con Camargo por el primer componente, que debió culminar el 21 de mayo de este año, se han gastado 330 millones en una carretera y en una línea de luz, pero no se ha hecho ni el túnel ni la represa”, sostiene Peralta.
Lo preocupante es que Camargo Correa exige S/. 120 millones por la resolución del contrato más las penalidades de más de S/. 2,5 millones. Además, está el problema que como el valor del Peihap se incrementó en más del 20%, debió ser revaluado por el MEF, lo cual no ha sucedido y por lo tanto el Gobierno no dará un sol.
SUENAN TAMBORES
Luego de truncarse el contrato con Camargo, el GRP decidió realizar una nueva licitación con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y es allí donde aparece la sombra de un presunto direccionamiento, pues los requerimientos beneficiaban a una sola empresa.
Es así que el 7 de julio del presente año, cinco empresas -nacionales y extranjeras- enviaron una carta al GRP y a la OEI advirtiendo el favorecimiento y restricción de participación en el proceso de licitación, al considerar los requisitos desproporcionales, irracionales, carentes de sustento técnico y que atentaban contra la Ley de Contrataciones del Estado.
Los participantes cuestionaron que se exija experiencia en dos obras similares en los últimos 10 años, una de ellas ejecutada en el Perú. “Exigencia que impide la participación de empresas extranjeras que han ejecutado obras similares en localidades diferentes”, expresaba la carta.
Asimismo consideraban que el direccionamiento quedaba demostrado al requerir que esa misma obra ejecutada en el Perú incluya la ejecución de un túnel a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar y de una presa con capacidad mayor a 60 millones de metros cúbicos.
“La exigencia es contradictoria con el propio expediente técnico de la obra y no se justifica, pues la presa es de capacidad inferior a lo que se pide y la extensión del túnel del proyecto Alto Piura está por debajo de los 1,500 metros”, resaltaban en el documento.
Frente a este extraño panorama, el 22 de julio la OEI decide suspender el concurso por 20 días. Al día siguiente, el GRP mediante resolución declara nulo el proceso y dispone retrotraer la licitación a su etapa inicial, con la finalidad de implementar nuevos requisitos técnicos mínimos.
Lo preocupante es que según cita el documento, ello involucra una nueva valorización de la obra, que puede incrementar o disminuir su valor inicial, y ello dependerá de la actualización de precios, los cuales deben ser revaluados cada seis meses.
La realidad del proyecto es alarmante porque se ha perdido tiempo y dinero sin resultados. En los próximos días el Frente de Defensa del Alto Piura realizará una marcha para exigir al GRP una explicación, pues una vez más se truncan las esperanzas de un pueblo que lucha hace 70 años.
“Anulación de adenda inició el fracaso”
Con la anulación de la adenda se inició el fracaso del proyecto, porque se le exoneró a Camargo Correa de realizar los planos y expedientes, y en junio se hubiera inaugurado el primer componente. Son cuatro años perdidos. Por ello tanto Atkins como el señor Hilbck (ex presidente del directorio) son responsables de este fracaso.
Hay que sentar las bases porque ya se mintió al pueblo, se ha querido hacer un negocio manteniendo en secreto la verdad. El Consejo Regional debe pronunciarse y reestructurar la Unidad Ejecutora y Directorio porque no tienen la calidad ni el equipo técnico para hacer este nuevo proceso, y por supuesto sancionar a los responsables.
Sería recomendable dejar la licitación para la próxima gestión, y ésta dedicarse a elaborar el expediente técnico convocando a los colegios profesionales y especialistas.
Fuente La República – Región Norte
