La Contraloría advirtió que el Gobierno Regional de Áncash (GRA) ha entregado la buena pro de una obra de saneamiento, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, a un grupo empresarial que presentó una carta de solvencia económica falsa.
El Órgano de Control Institucional del GRA halló una serie de incongruencias en la documentación presentada por el grupo empresarial Uchusquillo, así como en el proceso de selección para adjudicar el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico del centro poblado Uchusquillo”, en el distrito de San Luis.
En el informe de orientación de oficio N° 005-2020-OCI/5332-SOO, se señala que uno de los requisitos de calificación para declarar apto a los postulantes era demostrar su solvencia económica con la presentación de una carta de línea de crédito superior al valor referencial del proyecto (S/9′652.589,46). Sin embargo, de las tres propuestas económicas presentadas dos fueron descalificadas porque no cumplían el requisito y presentaron referencias financieras emitidas por una cooperativa de ahorro y crédito.
El consorcio Uchusquillo ganador de la buena pro presentó una carta de solvencia económica por S/11 millones, que no lo establecían las bases. A ello se suma la falta de veracidad del documento emitido presuntamente por el banco BBVA, el 6 de enero del 2020, debido a que el membrete de la carta es distinto al que actualmente utiliza, pues cambió su denominación desde junio del 2019.
Además, la firma del ejecutivo de Banca y Negocios de la entidad financiera que habría otorgado la carta de solvencia económica difiere a la que figura en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Pese a ello, el Comité de Selección aceptó la carta de solvencia económica y el 21 de enero de este año adjudicó la ejecución de la obra a dicho consorcio por un valor de S/8′687.330,52.
Por ello, la entidad ha recomendado al Gobierno Regional de Áncash adoptar acciones para asegurar la continuidad y finalidad pública de la obra de saneamiento. Ha dado un plazo de 10 para que los funcionarios regionales presenten un plan de acción frente a los hechos adversos identificados.
Fuente El Comercio
