Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó que el concejo provincial aprobó desviar fondos del canon minero, pese a que la ley determina que esos recursos tienen como propósito exclusivo financiar proyectos de impacto regional y local, y no otro tipo de obras.
La gestión edil 2007-2010 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga, en Áncash, ocasionó un perjuicio económico a la comuna estimado en S/. 622.757 al dejar de ejecutar proyectos de interés público para realizar una obra de interés solo particular en beneficio de un gremio: la Casa del Maestro, local que pertenece al Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación – SUTE Mariscal Luzuriaga.
La institución fiscalizadora informó que con el monto utilizado de forma irregular se dejó de atender 16 proyectos de interés público. Entre ellos se encuentran la construcción de un teatro escolar, cercos perimétricos, servicios higiénicos en diversas instituciones educativas, construcción de desagües y otras necesidades sociales.
Según la comisión auditora, el hecho evidenciaría indicios razonables de delito de peculado doloso. Es por ello que la Procuraduría Pública de la Contraloría denunció penalmente a los presuntos funcionarios responsables por el delito de corrupción.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Áncash.
Fuente El Comercio
