El Poder Judicial en Áncash ordenó sentencias entre los 4 y 16 años para cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (Áncash), tras ser hallados responsables del delito de colusión agravada, al apropiarse de S/ 128.000 a través de actividades de capacitación que nunca se realizaron. Según la Fiscalía, estos hechos ilícitos sucedieron en 2014.
Se trata de Eloy Ramírez Melgarejo, exjefe de Programación de Inversiones, y Ginno Eder Huamán Osorio, exsubgerente de Planificación, para quienes se ordenó 16 años de prisión. A Matías Julca Melgarejo, ex gerente municipal (agosto-diciembre 2014), se le impuso 10 años, mientras que a Luis Dorregaray Alvarado, ex gerente municipal (enero-agosto 2014), se le dictó cuatro años de prisión suspendida.
El caso
Según la investigación de la Fiscalía, los exfuncionarios se coludieron para realizar capacitaciones fantasma sobre gasto público, como la Capacitación de Proyectos de Riesgos y Nuevas Modificaciones de las Normativas del SNIP y la Capacitación en Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión Pública según la Nueva Normativa del SNIP.
Asimismo, el Taller en Normativa y Procedimiento para Atención de Emergencia por Desastres con Proyectos de Inversión Pública, el Taller de Capacitación del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE V3.0 y la Capacitación para Administración de Recursos Humanos y Materiales para personas Involucradas e Proyectos Productivos Comunidades Rurales de San Luis.
A estos exfuncionarios, sentenciados por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se les impuso, además, una reparación civil solidaria de S/ 178.000 e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de su condena.
La Fiscalía precisa que en la actualidad los condenados son buscados por la Policía, pues se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y deberán ser capturados e internados en el centro penitenciario de la ciudad de Huaraz para cumplir con lo dispuesto por el Poder Judicial.
Fuente La República
