El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32386, una norma que busca reforzar la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana mediante medidas extraordinarias que apuntan a modernizar el accionar del Ministerio del Interior, acelerar procesos administrativos y facilitar el uso de recursos públicos de forma más eficiente y flexible. La norma entró en vigor el 12 de junio y estará vigente por 180 días, salvo uno de sus artículos, que regirá hasta el cierre del año fiscal 2025.
Uno de los pilares centrales de la ley es la exoneración temporal de ciertas restricciones presupuestales al Ministerio del Interior. Esto permitirá que dicho sector realice modificaciones presupuestarias con mayor agilidad, orientadas exclusivamente al Programa Presupuestal 0030, que se enfoca en la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. De esta manera, se espera que el Estado pueda responder con mayor eficacia a los desafíos que plantea el actual estado de emergencia por inseguridad.
Contrataciones directas durante el estado de emergencia
La norma también autoriza al Ministerio del Interior, gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar contrataciones de bienes y servicios mediante procedimientos no competitivos, siempre que se trate de acciones urgentes e inmediatas orientadas a enfrentar la criminalidad organizada. Estas adquisiciones deberán ajustarse a lo señalado en la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, aunque con mecanismos simplificados debido al contexto de emergencia.
Otro aspecto destacado de la norma es la posibilidad de otorgar una entrega económica adicional al personal policial que, de forma voluntaria, participe en labores de patrullaje a pie, motorizado o en operaciones de investigación. Este incentivo, ya autorizado por una ley anterior, se mantendrá exento de ciertas restricciones presupuestales hasta el cierre del año fiscal 2025. Con ello, se busca reconocer y motivar el esfuerzo adicional de los efectivos policiales en la lucha contra la delincuencia común.
Transferencias financieras entre niveles de gobierno
La ley también habilita a los gobiernos regionales y locales a transferir recursos al Ministerio del Interior para financiar proyectos y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana. Estas transferencias deberán formalizarse mediante convenios y acuerdos institucionales que serán publicados en el diario oficial El Peruano. Este mecanismo busca facilitar una respuesta articulada y descentralizada frente a la criminalidad.
Para asegurar el uso adecuado de los recursos, la Contraloría General de la República está autorizada a realizar un control concurrente sobre las adquisiciones y contrataciones que se efectúen en el marco de esta ley. Además, se ha encargado a la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la realización de un diagnóstico del sector interior, a fin de proponer una reestructuración institucional en un plazo de 90 días hábiles.
Salvo lo dispuesto para la entrega económica al personal policial, que se extiende hasta fin de año, el resto de medidas establecidas en la Ley N.º 32386 estarán vigentes por 180 días calendario. Durante ese período, tanto el Ministerio del Interior como los gobiernos regionales y locales podrán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para ejecutar las acciones previstas, incluso con recursos adicionales que puedan ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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