En 2012, el banco HSBC proyectó que el Perú llegaría a ser la economía 26 del mundo en 2050, por encima de Colombia y Chile. Indagué sobre cómo había llegado a esa conclusión y descubrí que su modelo tenía tres pilares: demografía, educación y Estado de derecho.

El primero, de mayor peso, nos favorecía (y favorece): debido al “bono demográfico” en las próximas décadas tendremos más población productiva que pasiva. La educación se medía con pruebas PISA y años de escolaridad (no salíamos tan bien). Y para mi sorpresa, en el tercer pilar –Estado de derecho– salíamos bien por factores como el marco legal de las inversiones, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, que se percibían como eficaces. Todo arrojaba una proyección de crecimiento de 5.5% promedio anual que nos ponía en el puesto 26.

Hoy sabemos que no llegaremos. No solo porque no estamos creciendo a ese ritmo, sino porque el Estado de derecho se ha deteriorado. No me refiero al escándalo Lava Juez, que desató la reforma del sistema de elección de jueces, sino a que el creciente populismo de los políticos pone en jaque las normas que garantizaban inversiones, e incluso a veces el equilibrio fiscal (nuestra gran fortaleza). Pero además, tras escándalos como el caso Orellana o las ramificaciones arbitrales de Lava Jato (árbitros comprados), el arbitraje en el Perú ya no se percibe como tan eficaz. Tampoco es comparable al Poder Judicial, pero es obvio que el empantanamiento de las megaobras de infraestructura (que inciden en el crecimiento) no solo se debe a miedos y trabas burocráticas, sino a la pérdida de confianza en la solución (arbitral) de las disputas. Es fundamental –para la economía– desterrar por completo la corrupción del arbitraje.

Fuente Perú21

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