En 2013, la red criminal de Rodolfo Orellana estafó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Le arrebató más de S/ 7 millones, a través de Oncoserv Inc., una de sus muchas empresas para cometer delitos. Logró esto a través de un proceso de arbitraje ad hoc fraudulento en donde uno de los árbitros estaba coludido con Orellana y emitía resoluciones a favor de Oncoserv. No es el único caso, pero sí el más emblemático. Aunque este tipo de conciliaciones entre el Estado y empresas privadas son totalmente legales, inescrupulosos como Orellana la tergiversaron. Se estima que gracias a esta modalidad delictiva el mafioso amasó más de 100 millones de dólares en todo el país.
Sin dejar huella
El arbitraje ad hoc es una forma de solucionar controversias que llevaría años mediante el sistema de justicia regular (Poder Judicial). Se caracteriza por no estar sujeta a una institución arbitral y donde intervienen uno o tres «expertos» designados por ambas partes que son quienes ponen las reglas. Pero sus mayores deficiencias es que no son fiscalizables, ni los árbitros dan a conocer sus actuados en el proceso, con lo que convierte a estos arbitrajes en poco transparentes. Esto es aprovechado por los corruptos.
Según un informe de la Contraloría, de 2796 laudos arbitrales en los que participó el Estado peruano en los últimos 10 años, el 62% se hicieron bajo la modalidad ad hoc. De ellos el 70% terminaron con dictamen desfavorable.
Además, la Contraloría advierte que 80% de estos casos los pagaron las empresas privadas involucradas. Lo extraño, resalta el informe, es que no fue posible realizar la estimación de la suma pagada a los árbitros, debido a que los montos no se consignaban en los laudos. La Contraloría hace hincapié en que son grandes cantidades de recursos públicos que involucran estos procesos arbitrajes.
No más Ad hoc
Pero los arbitrajes ad hoc están a punto de terminarse. La Contraloría y la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobaron, el pasado 13 de noviembre, un dictamen en favor de la modificación de las leyes de Arbitraje y de Contrataciones del Estado. Buscan eliminar este tipo de arbitraje en los contratos con el Estado y con esto detener la hemorragia de laudos desfavorables y dinero perdido.
Para Ludovina Villanueva Núñez, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), esta medida se cae de madura. El caso Orellana abrió la caja de Pandora, dice, pero advierte que hay otros casos que han significado para el Estado pérdidas millonarias. Los vacíos legales, que significan los arbitrajes ad hoc, añade la especialista, son aprovechados de manera ilícita por la corrupción.
La alternativa que plantea la norma y las instituciones estatales es que las controversias del Estado sean resueltas por instituciones arbitrales debidamente certificadas. En Arequipa serían solo dos: la CCIA y el Colegio de Abogados.
La secretaria de Arbitrajes indicó que esto formalizaría de una vez por todas el sistema de arbitrajes para que sean transparentes y éticos.
La CCIA, por ejemplo, tiene una lista de precios claros para la resolución de controversias. Además cuenta con un registro de sus propios árbitros, elegidos por su trayectoria como profesionales en su campo de acción.
En el caso que se apruebe la norma, las instituciones certificadas necesitarían más árbitros, pero conseguirlos sería crítico ya que es muy difícil encontrar personas éticamente preparadas para afrontar casos donde está en juego dinero para el Estado.
Otras instituciones con opinión favorable a la modificatoria son: la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, la Cámara de Comercio de Lima, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fuente La República
1 Comment